Opinión

Las garras del Socavón

Un artículo de Jorge Rachid sobre la situación política latinoamericana.

 Un episodio cargado de emoción por la epopeya humana que significó su rescate, enmascara la causas profundas que lo desencadenaron, que persisten mas allá de la euforia mediática del hecho, que arrancó de la muerte hacia la vida a 33 occidentales chilenos, parangonando con los 33 orientales que construyeron una epopeya libertaria conducidos por el Gral. Artigas en Uruguay. Unos por la vida, los otros por la libertad de los pueblos, ambas unidas por un signo común, la de hombres comunes que asumen su responsabilidad cuando les toca la hora de protagonizar la historia.Los medios y las autoridades denominaron accidente al derrumbe minero. ¿Es en realidad un accidente cuando se privilegia la producción por sobre el apuntalamiento del socavón, cuando se aumenta el ritmo de trabajo antes que verificar las medidas de higiene y seguridad de la mina? Sin dudas no existen accidentes de trabajo, lo que existe es codicia, falta de inversión, desprecio por la vida de los trabajadores, estafa sobre el cumplimiento de las leyes y falta de responsabilidad empresaria. Los 33 mineros deberían repensar las circunstancias que llevaron a su infierno, junto a sus 300 compañeros de trabajo, que no quedaron atrapados pero sufrieron y sufren la falta de pago, la angustia por su incertidumbre laboral, siendo rehenes de la ausencia patronal. El gobierno chileno debería pensar ahora que se hizo antes por evitar los 31 muertos sólo en minería que sufrió durante este año el pueblo trabajador. Más allá del compromiso sin dudas valioso asumido por  las autoridades, el estado es responsable de la salud de su pueblo, en especial del pueblo trabajador cuyo único capital es su salud, que no debe ser la moneda de cambio de su esfuerzo laboral. Salud que no puede venderse por salario, ni por disminución de horas trabajadas, otra forma de venta de salud habitual, ni por horas extras remuneradas que deterioran en el tiempo provocando envejecimiento precoz y patologías diversas por sobre esfuerzo.Lamento que las autoridades trasandinas pretendan ahora una ley de riesgos del trabajo similar a la 24.557 de nuestro país, creada para disminuir los costos empresarios antes que para defender la salud de los trabajadores, para privatizar la higiene y seguridad en el trabajo a través de empresas con fines de lucro como las aseguradoras de riesgos de trabajo, llamadas ART, creando entes burocráticos tipo superintendencia de riesgos, financiada por las mismas empresas que debe controlar. En definitiva un verdadero mamarracho jurídico de la década del 90 en línea con la prepotencia del sector financiero por sobre el mundo del trabajo, surgiendo así las AFJP y las ART, ambas aseguradoras, succionadoras del ahorro interno genuino de trabajadores y empresarios honestos, que tienen sus trabajadores en blanco y efectúan los aportes de ley.Esta ley que pretenden copiar ha sido declarada inconstitucional por más de 100 juzgados de primera instancia, tribunales superiores y la misma Corte Suprema de Justicia en sus artículos 39 y 46, sin embargo sigue vigente por la actitud empresarial de negarse a un nuevo marco jurídico. En la Argentina siguen muriendo 3 trabajadores por día y son cientos de miles los  llamados accidentes de trabajo, sin contar las enfermedades profesionales siempre rechazadas por la aseguradoras, con falta de cumplimiento de lo que marca la misma ley, sobre la obligatoriedad de los exámenes periódicos cada 6 meses, habiéndose implementado vericuetos por los cuales se evitan gastos, a través de resoluciones de la misma SRT. Lo mismo ocurre con la evaluación de las Comisiones Médicas que han determinado nuevos mecanismos de producción etiológica de patologías derivadas del trabajo, hasta ahora negadas como inculpables, aún en hechos evidentes como la sobrecarga ergonómica de trabajadores que cargan de 50 a 120 kg. en un desprecio absoluto por la salud de los mismos, que con los años sufren las consecuencias, perdiendo su inserción laboral y quedando en manos en el mejor de los casos de la seguridad social, como inválidos jubilados como tales en épocas tempranas.Los mineros chilenos son sin dudas un ejemplo, como lo es también el desprecio por la vida humana por parte de los empresarios inescrupulosos, los gobiernos ausentes, las leyes neoliberales que privilegian las ganancias y la reducción de los costos por sobre la salud de los trabajadores. El trabajo como ordenador social no puede estar en manos del Mercado sin intervención del Estado como garante de los derechos del trabajo, ya que el avance del capitalismo salvaje en defensa de sus costos, arrasa la dignidad, la salud y la felicidad de los trabajadores en pos de un afán de lucro desmedido. Los trabajadores no pueden ser rehenes de esta situación debiendo recuperar su presencia protagónica en el mundo del trabajo con reglas de juego que garanticen su seguridad personal, su seguridad jurídica, sus derechos universales como cualquier otro ciudadano y su inserción plena en la sociedad como actores insustituibles.