Política

Las autoridades definieron la creación de 27 distritos fiscales. “Hemos dado un paso fundamental en el combate de los delitos complejos”, aseguró el mandatario santafesino.

Gils Carbó se reunió con diferentes gobernadores y se acordaron políticas contra el crimen organizado

Los gobernadores Antonio Bonfatti, Juan Manuel Urtubey, Francisco Pérez, Gerardo Zamora se reunieron ayer, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para definir la creación de 27 distritos fiscales que permitirán implementar políticas contra la criminalidad organizada.

En la reunión se definió un plan para mejorar la coordinación del Ministerio Público Fiscal con las autoridades políticas, y fuerzas de seguridad nacionales y locales, y la creación de 27 distritos fiscales, cada uno a cargo de un Fiscal Coordinador.

Para nosotros este no es el primer encuentro, y por eso vemos con mucho beneplácito como vamos avanzando reunión tras reunión, en cuestiones concretas, y en tomar definiciones”, explicó Bonfatti en declaraciones a la prensa.

El hecho de tener, a partir de ahora, un fiscal Coordinador nos allana muchos caminos en la necesidad que tenemos de articular acciones entre la Nación, la provincia y los municipios, entre las fuerzas federales y provinciales, en hacer inteligencia sobre un delito tan complejo”, aseguró Bonfatti.

Nos parece fundamental el paso que hemos dado el día de la fecha -subrayó el gobernador-, le agradecemos a la doctora Gils Carbó por esta predisposición permanente a que nos escuchemos, dialoguemos, y que vayamos avanzando en combatir los delitos complejos”, concluyó el gobernador.

Pérez rescató dos aspectos: «primero la decisión de Gils Carbó de visitar las provincias para ver personalmente, con su equipo, cuál es la realidad en materia de fiscales y unidades fiscales de cada región y cómo se está trabajando”.

El segundo punto que resaltó el mandatario mendocino  es la decisión de una construcción colectiva en la cual participan el Ministerio Público, las provincias, los municipios, el Ministerio de Defensa de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la Nación en delitos complejos y en hechos que aquejan a toda la población como el narcotráfico, el lavado de dinero, puesto que “la única manera de poder enfrentarlo es sentarnos en una mesa con un fiscal coordinador tal como lo plantea la resolución que firmó Gils Carbó”.

Pérez afirmó que no hay antecedentes de un trabajo colectivo en este tipo de delitos federales que requiere la participación y el compromiso de cada uno de los actores políticos de cada provincia.

  «Respuestas a las demandas de la sociedad» A su turno, Gils Carbó indicó que “esta nueva organización del Ministerio Público es una respuesta a una demanda que tiene la sociedad de hacer frente a los problemas cada vez más graves y complejos que presenta la delincuencia organizada”. “La falta de articulación que supone la división arbitraria de funciones, necesaria para que trabajen las estructuras, a la hora de combatir el delito presentan deficiencia, por eso hemos creado la figura del fiscal Coordinador de distrito, que es quien va a articular todas las estrategias y protocolos de actuación en la lucha contra el crimen organizado (trata de personas, lavado de dinero, de activos, y narcotráfico)”, detalló la funcionaria. “Hay organizaciones que requieren del Ministerio Público un esfuerzo especial, no solo porque cubren varias jurisdicciones, sino porque son estructuras criminales que siguen funcionando sin sus cabezillas. Un ejemplo de ello es el narcotráfico, donde siempre hay una demanda activa que mantiene viva la actividad ilícita”, afirmó la procuradora. Finalmente, en rueda de prensa, Gils Carbó bregó por “articular entre todos mesas de diálogo para hacer una estrategia común, que tiene que redundar en una fuerte presencia del Estado ante el crimen organizado”.   Los ejes de la reunión El temario de la reunión incluyó un plan para mejorar la coordinación del Ministerio Público Fiscal con las autoridades políticas, y fuerzas de seguridad nacionales y locales, como también con los ministerios públicos y jueces provinciales. Con el nuevo mecanismo se podrá acceder a información relevante para el diseño de políticas criminales ajustadas a las particularidades de cada lugar, ya que garantizarán un conocimiento más acabado de la manifestación local de delitos, como la trata y explotación de personas, el tráfico de estupefacientes y de armas, el lavado de activos, la ciber-delincuencia, y la corrupción pública y privada. La asignación de funciones vinculadas a los distritos no implica la creación de nuevos cargos, y tiene como fundamento el artículo 120 de la Constitución Nacional, que expresamente alude a que el Ministerio Público llevará adelante la misión de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, y de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República. Del encuentro, desarrollado en la sede de la Procuración General de la Nación, participaron, entre otros, los mandatario de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Mendoza, Francisco Pérez, y de Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala.   Hechos que aquejan a toda la población Previamente, Urtubey detalló que “en Salta la justicia federal está sobrecargada, producto de ser una provincia fronteriza, y es importantísimo institucional una articulación. Para nosotros es una herramienta importante que nos va a permitir ser más operativos. A veces se hace más difícil cuando cada uno se escuda en sus competencias o jurisdicciones”. En igual sentido, Pérez valoró dos aspectos del encuentro, “el primero es la decisión de la doctora de visitar las provincias y ver cuál es la realidad en materia de fiscales, y segundo, la decisión de esta construcción colectiva en delitos complejos y hechos que aquejan a toda la población, como el narcotráfico y lavado de dinero, que requieren de la participación y compromiso de cada uno de los actores políticos”.