En cuanto al cánon establecido, en el pliego se afirma que “deberá ser representativo de la rentabilidad de los emprendimientos”. Según la ley que se aprobó en el Parlamento, en el 2009, las obras están destinadas a regular la construcción y gestión de playas subterráneas de estacionamiento para el uso de vecinos de las zonas en que las mismas se instalen. Sobre las mencionadas playas de gestión vecinal, técnicamente denominadas Sistema de Estacionamientos Vecinales Subterráneos, del total de las playas subterráneas de estacionamiento a construir el 70% de sus plazas, como mínimo, serán otorgadas mediante una concesión de uso onerosa a favor de los vecinos que acrediten residencia efectiva en una unidad de vivienda y/o profesional, en un edificio uni o multifamiliar, dentro de un radio de 400 metros de los límites de la playa y que no posea cocheras, en primer término, que posean sólo una cochera, en segundo término o que no posean las cocheras que necesitan, en tercer término, en ese orden de prelación. El treinta por ciento (30%) restante, podrá explotarse en alquiler mensual, diario u horario directamente por el concesionario de la obra pública. En tanto, el Sistema de Estacionamientos Subterráneos de carácter disuasorio, está destinado a regular el ingreso de automóviles particulares al área central de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El sistema deberá operar en función de una tarifa para el usuario que incentive su utilización, conforme a la finalidad tenida en miras para su implementación. Además, en el texto de la ley, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad deberá implementar un mecanismo conforme al cual, la tarifa del estacionamiento se vincule con la adquisición del pasaje del modo de transporte público que en cada caso ofrezca la mejor alternativa de conexión entre dicho punto y el centro de la Ciudad.