El gobierno de Gran Bretaña realizó una protesta formal a Argentina por una ley recientemente sancionada que prevé condenas de cárcel para empresarios petroleros que operen en aguas territoriales de las Islas Malvinas sin autorización del Gobierno argentino.

La norma también prevé multas, incautaciones de los bienes extraídos y prohibiciones para operar en el resto del territorio nacional.

En relación a este conflicto, el Ministerio de Exterior de Gran Bretaña, conocido también como Foreign Office, indicó que las islas «no están sujetas» a la ley aprobada por el Congreso.

«La ley nacional argentina no es aplicable a las Flaklands, así que este es un gesto sin fundamento que tiene como intención evitar la actividad comercial legítima (en las islas). Estamos confiados que no tendrá éxito», manifestaron fuentes del Ministerio de Exterior británico. 

Y, añadieron: «Es vergonzoso que una vez más Argentina adopte tácticas de bullying en un intento por ahorcar la economía de las Islas Falklands».

En ese marco, Forign Office, tildó al gobierno que conduce la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de usar «tácticas de bullying» en el conflicto que mantienen ambos países por la soberanía de las islas.

Además, Gran Bretaña, justifica su accionar, advirtiendo que el Gobierno de ese país «apoya» los derechos de los isleños «para que desarrollen el sector de hidrocarburos para su beneficio económico».

«Todas las actividades de hidrocarburos en la plataforma continental de las Falklands están reguladas por la legislación del gobierno de las Falklands, en estricta conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar», finalizó.