Desde el ejercicio de la actividad periodística, Américo Alejandro Balbuena estableció vínculos de confianza, y hasta amistad, con cientos de luchadores y luchadoras del campo popular con fines de socavar a las organizaciones.
Desde la Agencia Walsh afirman: “Hacemos responsable al gobierno nacional, a su política represiva que lleva miles de asesinados con el gatillo fácil y las torturas en comisarías y cárceles de mala muerte, decenas de asesinados por luchar, dos centenares de desaparecidos, como Julio López y Luciano Arruga, y más de 5 mil procesados por enfrentar las injusticias”.
Por ello se convoca una conferencia de prensa el próximo martes 7 de mayo, a las 15, en el local de CORREPI -Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional-, Carlos Calvo 2499, Ciudad de Buenos Aires.
Desde la Agencia Walsh indicaron en un comunicado que “aunque el oficial Balbuena fue reclutado por la Federal durante la dictadura, el kirchnerismo lo infiltró en la Agencia Walsh durante diez años”.
Américo Alejandro Balbuena, oficial de Inteligencia de la Policía Federal ingresó a la AW en 2002, bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, y se mantuvo espiando sus integrantes hasta hace pocos días. Fue responsable de la agenda de actividades políticas, lo que le permitió tener el mapa del movimiento popular. De ese modo desde la agencia pudo tener acceso a decenas de organizaciones populares durante toda la década kirchnerista.
Como jefe de la sección Reunión-División Análisis, quedaron bajo el accionar de Balbuena, familiares de Cromañón, de Luciano Arruga, de la Masacre de Avellaneda y de otras víctimas de la represión estatal. También organizaciones como la Federación Universitaria de Buenos Aires, La Alameda, Quebracho, Trabajadores del Subte, entre muchas otras.
“Este gobierno, que supera ampliamente a sus antecesores constitucionales en materia represiva, con sus leyes antiterroristas, su Proyecto X de infiltración a las organizaciones populares, es el responsable absoluto del espionaje a la AW y al amplio arco de organizaciones que luchan contra el sistema”, denuncian.
Asimismo señalan que “en el contexto de esta sistemática política represiva, el gobierno nacional busca desligar su responsabilidad desplegando una campaña de cooptación y búsqueda de consenso, para el respaldo a la persecución del activismo y el sostenimiento del modelo de exclusión”.
