El juez hizo lugar a  una acción de amparo iniciada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) que solicitaba el acceso a la «información sobre la ejecución del presupuesto en gastos de pauta publicitaria oficial durante los años 2010 y 2011» que había solicitado en junio último.Para el magistrado,  «la información requerida reviste neto carácter público, en tanto refiere al presupuesto, su ejecución y a la asignación de la publicidad oficial, lo que hace a la administración de fondos públicos y, a la par, se relaciona en forma indirecta al ejercicio de derechos fundamentales como son el de libertad de expresión y libertad de prensa».Además, el juez calificó esos derechos como «piedras fundamentales en las que se basa el sistema republicano y democrático, una de cuyas notas distintivas reside en la publicidad de los actos de gobierno».En su fallo, indicó que «en el caso se encuentra acreditado, sin que haya sido negado o desvirtuado por la demandada, que la actora presentó el día 4 de junio de 2012 una solicitud de información pública ante el Gobierno de la Ciudad en los términos de la ley 104», y que «dicha solicitud no fue satisfecha dentro de los plazos».»De las constancias de la causa se desprende que le asiste razón a la actora, en cuanto a que su pedido de acceso se encuentra pendiente de respuesta», explicó Scheibler.El juez afirmó que «la Jefatura de Gabinete debió, en su caso,  remitir el pedido de acceso al órgano competente, que según los dichos de la demandada sería, la Dirección de Planeamiento de Medios, pero no dejar sin respuesta a la actora».