En una audiencia realizada este lunes por la mañana, convocada en el marco de un amparo presentado por la diputada de la ciudad de Buenos Aires, María Rachid, en presencia de las legisladoras María José Lubertino y Virginia González Gass, el secretario del gremio de Trabajadores del Subte, Néstor Segovia, el consultor técnico Daniel Campana, el vicepresidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad, Vicente Lourenzo y representantes legales de la ciudad de Buenos Aires, la jueza Elena Liberatori solicitó al Gobierno de Mauricio Macri informar en 24 horas, “la localización de cada uno de los vagones retirados, y la localización del almacén de repuestos de la Línea A y de las piezas faltantes de dichos vagones, bajo apercibimiento de realizar denuncias por las vías correspondientes”. 

El pedido tiene lugar a partir del reconocimiento judicial llevado adelante la semana pasada donde se detectaron piezas faltantes en los coches que, de acuerdo a la documentación presentada por el Gobierno, se encontraban en funcionamiento al momento de cerrar la línea. 

Los funcionarios porteños no pudieron determinar, ni en el reconocimiento ni en la audiencia, el destino de aproximadamente 40 coches. 

Durante la audiencia, en la que se determinó el incumplimiento de la medida cautelar que ordenaba la presentación de un inventario completo sobre los coches históricos, Rachid destacó que “el destino de estos bienes públicos, integrantes además del patrimonio histórico y cultural de la Ciudad, debiera ser tratado y resuelto con una mayoría especial en la Legislatura”. 

Además, sostuvo: “Hay responsabilidad clara y directa del GCBA que tiene que explicar dónde se encuentran las piezas que faltan y además presentar un programa serio, con fechas claras y un compromiso establecido, para conservar no sólo los coches sino también las estaciones. 

De acuerdo a la medida cautelar de la jueza Liberatori, el Gobierno de la Ciudad no puede cerrar ninguna de las estaciones del Subte A, bajo apercibimiento de estar incumpliendo con una manda judicial”. 

Asimismo, la diputada por el FPV también mostró su preocupación por “el destino de los trabajadores de las estaciones de la Línea A”,  al mismo tiempo que solicitó información sobre si se hicieron efectivas indemnizaciones  para los comerciantes que se vieron afectados por el cierre de la Línea A”.