El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2 de la Ciudad, Roberto Gallardo, ordenó al Ministerio de Educación porteño que remueva en forma definitiva, en el término de diez días, las instalaciones metálicas modulares ubicadas en la Escuela Normal en Lenguas Vivas, por el incumplimiento de las medidas ordenadas en febrero para subsanar las irregularidades en el edificio de esa escuela, bajo apercibimiento de ejecución forzada. 

Asimismo, dispuso que se haga efectiva la sanción dispuesta en forma personal al  ministro Esteban Bullrich por la suma de veintisiete mil ochocientos  cincuenta pesos, computándose como fecha inicial de sanción el 5 de marzo. 

Por otra parte, Gallardo ordenó a la Superintendencia de Bomberos que releve las condiciones de seguridad contra incendios y salidas de emergencia del sector de las nuevas aulas de planta baja donde funciona el nivel pre-escolar. 

En caso de verificar que las instalaciones son potencialmente peligrosas para los niños y docentes, deberá clausurar las dependencias hasta tanto el Gobierno de la Ciudad  «revierta los extremos objetados y el tribunal decida en contrario». 

La medida fue dispuesta en el marco de un amparo iniciado por los padres de un alumno de la institución con el fin de que se subsanen  las irregularidades relativas a la situación del edificio escolar. 

En  febrero, el juez había ordenado una serie de medidas respecto al uso de las «aulas container» y la realización de obras de refuncionalización en la escuela. 

A pesar de haber intimado al  Gobierno para que las cumpla, Gallardo corroboró, tras una nueva  inspección ocular, que siguen existiendo irregularidades que «implican un grave riesgo para la integridad y la salud de los alumnos». 

Entre otros incumplimientos, el magistrado consideró que los containers se ubican en el sector donde los alumnos realizan  actividades recreativas y han sido utilizados para dictar talleres, a pesar de la prohibición dispuesta en relación a que alberguen alumnos.  

Asimismo, las autoridades no informaron sobre la compra, locación o  tenencia de las unidades modulares, ni remitieron toda la  documentación relacionada con las obras efectuadas, en particular lo  relativo a la verificación del cumplimiento de las normas aplicables a  la construcción y reforma de edificios escolares. 

A pesar de haber transcurrido dos meses y medio del inicio de las  clases, las refacciones tampoco se encuentran terminadas y los sectores reformados se utilizan sin habilitación de la  Superintendencia de Bomberos. Incluso, «los medios de evacuación del  sector de jardín de infantes se encuentran irregularmente clausurados, convirtiendo así al lugar, en caso de un eventual siniestro, en una especie de trampa». 

Finalmente el magistrado consideró en su resolución una presentación efectuada por el Ministerio Público Tutelar, en la que denunciaba que  el ex rector del Lenguas Vivas había sufrido descargas eléctricas de  uno de los containers y que, luego del incidente, el mismo container  había sido utilizado para dictar un taller con alumnos. 

«La empresa Las Cortes S.R.L, proveedora de los containers y que actualmente tiene a su cargo su  mantenimiento y refacción según lo manifestado por la señora rectora,  es la misma que luego de las descargas eléctricas sufridas por el ex rector, informó haber dado solución a los desperfectos de la instalación eléctrica respectiva, hecho luego  desmentido por el personal de la División Siniestros de la Superintendencia de Bomberos», afirmó Gallardo.