Los legisladores de la Ciudad aprobaron un pedido de informes conjunto en el que exhortan al Ejecutivo Porteño a que brinde mayor detalle sobre el derrumbe ocurrido en el local ubicado en la avenida Scalabrini Ortiz 1638. Las manifestaciones de los parlamentarios se centraron en los funcionarios de Control y Habilitaciones.

 Cabe señalar que losdiputados consensuaron este pedido de informe luego de escuchar a  funcionarios porteños del área de Habilitaciones y Control que concurrieron a la Legislatura para dar explicaciones, Al respecto, el diputado de Proyecto Sur Adrián Camps definió la presencia de los funcionarios Javier Ibáñez y Martín Farrel en la Legislatura como “preocupante” por las dudas que generaron las exposiciones. “Me pregunto si la Ciudad de Buenos Aires se puede contentar con que un maestro mayor de obra certifique estructuras de acero que requieren una capacitación previa ¿basta esto? Me parece que hay una falencia muy seria, no estamos considerando la totalidad del problema”, reflexionó el legislador. “Me parece que tenemos funcionarios altamente capacitados que están trabajando a reglamento y por eso sucede lo que sucede”, sentenció.Por su parte, Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) se preguntó “¿Qué tienen en común la tragedia de Villa Urquiza con lo de Beara?”. “Me parece que más allá de ser distintas, tiene algo en común: la actitud de Mauricio Macri ante la tragedia. Lejos de reconocer que tienen un problema en el área de control y registro de planos, el gobierno de Macri se presentó como querellante, clara actitud negadora de la responsabilidad de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad”, afirmó. Rocío Sánchez Andía, por la Coalición Cívica, destacó que “Beara es un trágico ejemplo de cómo funciona el control en la Ciudad”. “Dejemos de dar conferencias de prensa apresuradas porque los funcionarios no nos pueden decir qué habilitaron, cómo, y cómo se coordinan. Yo hice en Junio de este año un pedido de informe sobre un derrumbe en la calle Mármol y allí, entre otras cosas, se pedía todas las denuncias y en la respuesta estaba puntualmente el derrumbe sobre la calle Mármol, pero el listado de denuncia no está. Le pido al Ejecutivo que tenga más atención a estas cosas, porque después suceden cosas como ésta”, advirtió.El legislador Daniel Amoroso, por Unión Federal, aseguró que “de la presentación de los funcionarios quedaron dudas” y anticipó que mañana presentará junto a su compañera Mónica Lubertino otro pedido de informes que apuntará a la seguridad laboral, y se preguntará sobre si había trabajadores en negro o infantiles.El kirchnerista Juan Cabandié se refirió al esquema de entrega de habilitaciones, la falta de control en la mala utilización de las mismas y volvió a remarcar que Oscar Ríos, ex jefe de Inspectores, “no fue echado del Gobierno y continúa trabajando”. “Macri nos mintió”, dijo.El único orador por el oficialismo, su jefe de bloque, Cristian Ritondo, pidió a la oposición “que no se juegue con la muerte para hacer política” y exhortó a los legisladores a “trabajar en el código de habilitaciones, en las tipificaciones que faltan”.En la misma sesión, se aprobó una Ley que determina NORMAS PARA LAS EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES sobre la base de expedientes de los diputados Rubén Campos (UCR), Fernando Sánchez (Coalición cívica), Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) y Bruno Screnci Silva (PRO).En el proyecto “se estable la obligación de inspeccionar toda obra en construcción durante las etapas de demolición y excavación, independientemente de las inspecciones que se realicen en el avance de la obra. Además, se establece que todo responsable de obra con anterioridad al comienzo de las demoliciones o excavaciones debe presentar al organismo competente para su aprobación, el proyecto detallado de demolición, excavación, submuración y apuntalamiento, conjuntamente con el plan de trabajo que incluya la secuencia de tareas a realizar y la designación de la empresa de demolición y excavación, y a su representante técnico, debiendo estar ambos inscriptos en el Registro Público de Demoledores y Excavadores”.También determina que “el representante técnico será responsable, entre otras cosas, de la supervisión de los trabajos, y que las inspecciones se realizarán durante la demolición (una) y durante la excavación (dos). El Gobierno de la Ciudad está obligado a publicar en la página web toda la información que se genere”.Las multas para el empresario que no contrate a una empresa de demolición inscripta en el Registro Público de Demoledores y Excavadores irán de 3.000 a 30.000 pesos.