Son competencias penales ordinarias como:  delitos que son complementarios de las competencias transferidas por los anteriores convenios,  delitos contra la administración pública cometidos por sus funcionarios públicos y que atenten contra el funcionamiento de los poderes de la Ciudad como el enriquecimiento ilícito y el prevaricato,  delitos contra la fe pública cometidos contra instrumentos emitidos por la Ciudad, delitos vinculados a la competencia pública local como los delitos contra la seguridad del tránsito y del transporte y el desarmadero de autos. Se da por descontado la aprobación de la Cámara de Diputados y de la Legislatura local, en  atención a la unanimidad de opinión política existente en la materia. De esta forma se cierra un ciclo que comenzó con el primer y segundo Convenio de transferencias penales y que se  cerrará con esta ley.En el futuro, se deberá  establecer otra manera de iniciar  el proceso de transferencia de la Justicia Ordinaria que actúa en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires a la órbita de la Justicia de la Ciudad. Esto es hacer lo que ya ocurre en el resto de las Provincias argentinas. El nuevo proceso de transferencia que debemos emprender comprende las competencias de los fueros nacionales en lo Civil, Comercial, Criminal, Correccional y del Trabajo. Para e l consejero de la Magistratura de la Ciudad, Julio De Giovanni, esto”Será  una complicada operación jurídico-política que transferirá, además de competencias las relaciones funcionales y presupuestarias, recursos humanos, edilicios y tecnológicos, y que por su envergadura necesitará de un trabajo legislativo minucioso donde deben intervenir profesionales de prestigio y experiencia legislativa”.Y agrega, “En el Poder Judicial de la Ciudad hemos iniciado la tarea de análisis normativo y fáctico tendiente a esa finalidad. Para ello se debe efectuar -en primer término- un minucioso deslinde de lo que puedan ser competencias federales y que estén a cargo en este momento de los juzgados ordinarios. Valgan como ejemplos: en la justicia laboral, los conflictos consecuencia de los convenios colectivos de trabajo pueden quedar a cargo de la Justicia Federal y los conflictos individuales seguir como Justicia Ordinaria. La materia de concursos y quiebras puede ser competencia de los juzgados que sigan en la órbita de la justicia nacional, pasando las demás competencias comerciales a la justicia ordinaria”. Es una oportunidad para terminar con la  lentitud de los procesos, pero la Legislatura porteña  deberá  dictar nuevos códigos procesales, en los que predomine la oralidad y la inmediatez del juez. “Debemos tener en cuenta que, actualmente, en la Ciudad de Buenos Aires hay ya estándares de calidad y organización judicial. En el fuero Penal y Contravencional -que opera con un Código Procesal oralizado y moderno- las causas de las competencias ya transferidas por convenio se resuelven en plazos mucho más breves que los que ocurrían en la Justicia Correccional Nacional”, agrega el consejero ”Hacia una justicia propia y de calidad es el norte. Después de quince años de la reforma constitucional del 94, es hora de poner manos a la obra”, señala De Giovanni.