En la Ciudad hay 46 empresas recuperadas, que dan empleo genuino a más de 1.500 trabajadores, no obstante lo cual la mayoría corre riesgo de volver a manos de sus antiguos propietarios o caer en las de nuevos grupos privados, algo que no sólo amenaza los puestos de trabajo, sino que ni siquiera supone la continuidad de la actividad productiva.

Será la segunda vez  que la Legislatura porteña vote este proyecto presentado por el kirchnerista Juan Cabandié: la primera fue aprobada por el oficialismo y la oposición pero, como sucedió en muchas oportunidades, posteriormente vetada por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri.

En esta oportunidad y luego de arduas negociaciones, entre los integrantes de la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas (UPEA) y los legisladores del bloque del PRO, se espera que con los cambios introducidos la normativa no solo vuelva a ser aprobada, sino que esta vez supere el filtro del jefe de Gobierno.

El texto rechazado por Macri a fines del año pasado, prorrogaba por seis años el plazo para que la Ciudad formalizara el funcionamiento de las fábricas y empresas recuperadas, las declarara de utilidad pública y sujetas a expropiación.

El veto, entre otros puntos, cuestionó la conformación de una «mesa participativa» abierta para acompañar el proceso de expropiación, que debía estar integrada por dos representantes del gobierno porteño y por miembros de tres comisiones de la Legislatura y uno de cada empresa recuperada.