El máximo tribunal de Justicia definiría hoy si acepta o no el recurso elevado por el Gobierno para resolver la constitucionalidad del artículo 161, que establece el plazo de desinversión para las empresas.

La Casa Rosada apeló al recientemente sancionado per saltum para rechazar la suspensión de la norma que determinó el juez Horacio Alfonso cuando giró la apelación de Clarín a la Cámara a pesar de que días antes el magistrado avaló la constitucionalidad de los artículos 45 y 161.

Por eso, la Corte debe decidir si declara «admisible» o «inadmisible» el planteo del Gobierno que apuntó razones de «gravedad institucional» para requerir el salto de instancia.

Si lo declara «admisible», deberá dedicarse de inmediato al estudio de la causa para resolver, con fuerza de «cosa juzgada», si la Ley es constitucional o no en todos sus artículos.

Pero, si la considera «inadmisible», la apelación tramitará ante la sala Primera de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal que integran Francisco de las Carreras, Susana Najurieta y Ricardo Guarinoni, y que debe tratar la apelación de Clarín a la sentencia de Alfonso.

En ese caso, quedará abierta la vía para que el expediente regrese a la Corte por la vía de un «recurso extraordinario».