El juez Federal Ricardo Bustos Fierro podría librar en los próximos días la orden de captura internacional de Eduardo Rodrigo, presidente la financiera ilegal de Córdoba, Cordubensis SA., quien está acusado de estafa, asociación ilícita y contra el orden público y financiero. 

Así lo dieron a conocer fuentes del Juzgado al diario La Mañana de la capital cordobesa, desestimando así versiones periodísticas que indicaban que no estaba vigente la solicitud del fiscal federal Enrique Senestrari de detener a 6 de los 8 imputados y que, por lo tanto, no se ordenaría la detención tras considerar que no hay riesgo procesal.

“El pedido de detención sigue vigente y se resolvería en las próximas horas, conforme lo solicitó el fiscal y la querella”, precisó el abogado querellante Carlos Nayi al mencionado matutino y agregó que “el juez Bustos Fierro deberá tomar la decisión de hacer lugar al pedido de aprehensión o bien rechazarlo, pero hasta ahora se ha expedido”.

Por otra parte, el abogado que representa a Rodrigo, Carlos Palacio Laje, prometió que el presidente de CBI se presentará de manera voluntaria a declarar, anulando de esa manera el pedido de captura vía Interpol.

Sin embargo, el letrado querellante manifestó que dichas promesas las “viene realizando desde antes de que se lo imputara”: “Es un anuncio huérfano de corroboración fáctica, una estrategia defensiva”, sostuvo.

En declaraciones a Cadena 3 el abogado de Rodrigo sostuvo “Ya se verá que esta es una pirámide invertida que tiene una base con muchos jefes. (…) Él solo no es, él solo no se cae”, dijo y señaló que su defendido se fue del país por miedo y no para “evadir a la Justicia”.

Otros sospechosos

En tanto, Julio César Ahumada, Aldo Ramírez, Daniel Tissera (socios de CBI), Luis De los Santos (empleado jerárquico), Víctor Alaniz (periodista), Doris Puccetti (escribana) y José María Núñez siguen en la mira de la Justicia por distintas responsabilidades en la presunta maniobra delictiva.

De ellos, Alaniz y Puccetti parecerían ser los más complicados. El primero se presentaba como relacionista público de la firma “acercando” a potenciales clientes, pero además era socio de Rodrigo en otras empresas paralelas que podrían estar involucradas al accionar de CBI. Además, fue «muy sospechoso que el día que se realizaron los allanamientos en la redacción de la revista (Coterránea) que dirige habían desaparecido todas las computadoras, a excepción de una», indicó una fuente judicial.

Por su parte, Puccetti era la escribana que certificaba los contratos de mutuo, a través de los que los clientes “depositaban” sus ahorros a cambio de las “tentadoras” tasas de interés de la financiera.

Mientras tanto se esperan los resultados de la investigación sobre la relación de los sospechosos con ciertas cajas de seguridad, que fueron bloqueadas recientemente por órdenes de la Justicia Federal.

Por último, el intendente Ramón Mestre en declaraciones a la prensa dijo que ordenó a sus funcionarios ponerse a disposición de la Justicia que también fueron involucrados en los “negociados” poco claros de la financiera.