A días de que comience a regir la nueva tarifa para el subte (de 2.50 a 3.50), que sería el 15 de marzo,  el Gobierno porteño anunció este lunes la prórroga del contrato con la concesionaria por treinta días y estaría negociando un contrato por dos años. 

Con el objetivo de frenar esta medida, el diputado Alejandro Bodart (MST en Proyecto Sur) presentó un amparo en la Justicia.

Respecto a las negociaciones con Metrovías, el Gobierno tiene la idea de imponer la premisa de que la empresa deje todos los negocios adicionales que tiene en torno a los subtes, como la publicidad, el paso de fibra óptica o el alquiler de locales. 

Además, y también como indicó el matutino, la discusión tiene como eje establecer penalidades más severas especialmente en lo que se refiere a la seguridad del servicio.

Por otra parte, el diputado se presentó ante la Justicia porteña en lo Contencioso Administrativo sosteniendo que “este tarifazo injustificado y expulsivo sólo busca proteger el negocio privado de Metrovías, cuando el subte es un servicio público que cumple una función social” y que “la suba de un 218% en 15 meses no se condice con la inflación ni con el bolsillo de miles de usuarios”.

Por su parte,  la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini dio a conocer un proyecto de ley que será enviado a la Legislatura y que prevé una tarifa social utilizada como “herramienta de inclusión”.