El INADI hizo pública su preocupación por el fallo que estableciera un “bozal legal” sobre la Sra. Lina Rosa Díaz.

Para el Instituto, resulta “negativo el simbolismo de la medida, que limita el derecho de una persona de condición humilde a expresar los posibles abusos laborales de que pudo haber sido víctima en el marco de su empleo”. “No podemos olvidar que las trabajadoras domésticas se encuentran entre los grupos más vulnerados en lo que a trabajo rentado se refiere, tratándose de una actividad que es  comúnmente ejercida por mujeres de bajos recursos y/o migrantes. Sumado a eso, el nivel de no registración de las trabajadoras de la actividad continua siendo elevado a pesar de las políticas públicas impulsadas por el Estado Nacional. A su vez, la diferente posición económica que media entre quien contrata y quien presta el servicio en el empleo doméstico trae aparejado muchas veces una discriminación de clase”, señalan. En tal sentido, debe señalarse que en este caso “nos encontramos ante la parte vulnerable de una relación asimétrica que ha peticionado ante las autoridades el amparo de sus derechos, en un marco en el que por lo general las víctimas carecen de los recursos económicos y/o el conocimiento sobre los derechos que los amparan. Así, la denuncia pública efectuada por la Sra. Díaz cumple, indirectamente, un importante rol de concientización sobre los derechos que amparan a las trabajadoras domésticas”. Entendido en este sentido, resulta” preocupante” la limitación del ejercicio de la libre expresión de ideas y opiniones, derecho ampliamente garantizado por nuestra legislación y la propia jurisprudencia vigente, “en pos de reforzar la protección de la parte más poderosa de la relación asimétrica de empleo, la cual, paradójicamente, goza de amplio acceso a los medios de comunicación en virtud de su condición de persona pública”.  Así, es necesario evitar que medidas como “el bozal legal” amplíen su protección más allá del legítimo resguardo de la intimidad de una persona, y puedan extenderse hasta el punto de “limitar la denuncia o reivindicación de derechos laborales ejercidas por un trabajador o una trabajadora”.