Anteriormente, Sandra Moschini, Secretaria de Mauricio Macri confirmó que fue ella quien reenvió el mail que Mauricio Macri le enviaba a su hermana Sandra con las declaraciones que debían decir a la prensa tanto ella como su cuñado Néstor Leonardo. “Desconozco el tenor de la conversación que ellos han mantenido, sólo sé que era urgente”. Sobre si conocía o no a Jorge Palacios, Moschini dijo: “Lo he visto personalmente una vez a Jorge Palacios, que pasó por el palacio municipal para una entrevista con Mauricio Macri, hace mucho tiempo de esto”, y desconoció si tenían una relación previa. El ministro Montenegro arribó a la Legislatura acompañado del subsecretario de Justicia, Daniel Presti, del jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, y de varios funcionarios más en el momento que salía de la reunión con la CEI  Ana Moschini, y comenzaba a exponer  Ignacio Greco, subsecretario de Administración de la PM.El legislador Raúl Fernández, fue  el primero en cuestionar a Greco, comenzó preguntando sobre la última denuncia conocida hoy en los medios: el blindaje de los autos policía, que según el legislador “excede” el peso permitido y hace más lentos los coches.El funcionario de la PM reconoció que “sí, hay que hacer adecuaciones de acuerdo al blindaje que se está instalando”. Y negó que algún organismo de control le haya marcado algo al respecto de ese expediente.Según el expediente 1.119.83/09, que estaba perdido pero que fue descubierto por Fernández (Encuentro Progresista) y Diego Kravetz (Bloque Peronista), el blindaje de los autos policiales no sólo entorpece el funcionamiento del 43 por ciento del parque automotor, sino que sus puertas “comenzarán a caer porque les falta un refuerzo de bisagras a las delanteras, que son las que llevan el sobrepeso”.Esta  aclaración forma parte del análisis técnico que hicieron cuatro funcionarios de la Metropolitana, bajo órdenes del comisionado Juan Magliocco, de la Dirección de Materiales y Bienes. Interservit SRL fue la empresa que realizó el trabajo y el blindaje elegido fue el tipo RB3. Una coraza que en algunos coches llegó a los 168 kilos de peso, es decir, 78 kilos de sobrepeso. El diputado Eduardo Epszteyn  preguntó  sobre decretos que no salieron a la luz y que se conociera la Caja Chica Especial, pero el testigo se limitó a responde” no lo sé”.“Cuando me traigan el decreto seguimos”, “pasemos a un cuarto intermedio hasta que todo aparezca”, “faltan decretos”, fueron las respuestas repetidas. A continuación se le preguntó a Greco sobre  los chalecos antibalas. Raúl Fernández hizo mensión a la licitación pública donde se adquieren 1000 chalecos de protección balística, en diciembre de 2009.Por  resolución ministerial se le entregó la licitación a AANTAJ, y luego de las primeras pruebas, el RENAR confirmó que los chalecos no estaban homologados, entonces se  devolvieron, luego de lo cual, el Gobierno denunció a la empresa ante el RENAR, pero curiosamente, meses después vuelven a comprarle a AANTAJ,” ¿cómo se explica?”, reflexionó Fernández. La respuesta de Greco fue corta,“Porque son otros chalecos”.Los legisladores opositores Diego Kravetz y Raúl Fernández volvieron también a consultar sobre “la compra de material de inteligencia». Según la documentación que aportaron a la justicia, el Gobierno porteño autorizó la compra “en forma reservada”, y por “razones de Estado”, de software y equipos tecnológicos para “realizar tareas de inteligencia y contrainteligencia”.En los expedientes que ellos denunciaron también se incluyen cuatro sofisticados aparatos: un analizador de espectro, dedicado a detectar micrófonos; un detector de junturas, para descubrir si un teléfono de línea está intervenido; un sistema de analizador de redes y aparatos telefónicos, creado para detectar pinchaduras; una videocámara con termografía, para registrar seguimientos a partir de las temperaturas captadas; y un receptor portátil, un aparato diseñado para “radio monitoreo de campo”, es decir, para escuchar conversaciones telefónicas en movimiento gracias a su pequeño tamaño, en formato “portable”. Las compras fueron de 560.472 pesos para el programa informático y superarían los 660 mil para los equipos.Según el expediente 1.311.125, el ministro Montenegro aprueba el pedido del superintendente de Comunicaciones de la Metropolitana, Eduardo Martino. El expediente también lleva la firma de Edgardo Cenzón, ex director de Compras y Contrataciones del Gobierno porteño, y del entonces subjefe de la fuerza a cargo de su jefatura, Osvaldo Chamorro, el hombre que quedó al mando de la Metropolitana luego de la renuncia del ex comisario mayor de la Policía Federal Jorge “Fino” Palacios.El otro expediente para la adquisición de cinco instrumentos de alta complejidad para contrainteligencia nunca fue incluido entre el material que fue provisto a los legisladores. La única referencia al expediente Nº 1.173.765 de 2009, cuya compra también fue solicitada por Martino, se desprende de una resolución del Ministerio de Justicia por la cual se efectuó una “compensación de créditos” del presupuesto de la Ciudad. Allí consta que el 1º de febrero de 2010 se reasignaron 660 mil pesos “a fin de llevar a cabo la adquisición de instrumental para el desarrollo de tareas inherentes a la División de Operaciones Técnicas de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios de la PM”. Los aparatos fueron comprados a dos compañías: Precisión Electrónica SRL y CIK Consultora InternacionalKravetz le anunció al testigo que lo volverá a llamar, esta vez con los expedientes y la información faltantes.Luego, según el cronograma ratificado esta semana por los legisladores integrantes de la Comisión Investigadora, deberían presentarse: Ricardo Ferrón (Policía Metropolitana), Edgardo Cenzón (ex Director de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, actual Subsecretario de Planeamiento y Control de la Gestión de la Jefatura de Gabinete), y Eduardo Martino (Jefe de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana).A las 14 horas, los diputados terminaron de preguntarle a Greco y la reunión continuó con la presencia de Edgardo Cenzón,  ex Director de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, actual Subsecretario de Planeamiento y Control de la Gestión de la Jefatura de Gabinete.El funcionario fue  consultado también, por los expedientes 1.311.125 y el 1.173.765 de 2009. El funcionario explicó que la adquisición se hizo en el marco de la Ley Nacional”. “Todo el expediente tiene el aval de la Procuración, se hizo teniendo en cuenta la 2025 –Compras y contrataciones de la Ciudad- recurriendo a la excepción de la Ley Nacional que prevé la reserva”, reafirmó Cenzón.Con pocas palabras, Cenzón se aferraba a la letra de los expedientes que tenía consigo. Poco agregó a lo ya dicho y evitó cualquier respuesta comprometida. Ante la insistente de los legisladores sobre la forma en que se llevó ese expediente y otros, el funcionario sólo desconoció lo que se le preguntaba o cuestionaba. Según el cronograma ratificado por los legisladores integrantes de la Comisión Investigadora, deberían presentarse además: Ricardo Ferrón (Policía Metropolitana), y Eduardo Martino (Jefe de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana).Fuentes del Ministerio confirmaron un rumor que se manejaba desde hace unos días y que indicaba  que ni Ferrón ni Martino irían a la Legislatura, lo que después se confirmó.