En el marco del Día Internacional por la Legalización del Aborto, 1.589 mujeres en Capital Federal, Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe, Santa Cruz, Santiago del Estero, Salta, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Chubut, Chaco, Córdoba y Formosa presentaron en los tribunales un recurso habeas corpus preventivo y colectivo en favor de que la interrupción voluntaria del embarazo no sea castigada.

Como consecuencia, sólo el juez marplatense Víctor Pagela rechazó la herramienta legal tras esgrimir cuestiones de conciencia personal, según indicó la diputada nacional por Libres del Sur, Cecilia Merchán, una de las impulsoras de un proyecto de ley que el Congreso debatirá el mes próximo.

«La recepción en los tribunales fue, en general, muy positiva. El impacto que ha generado la iniciativa en cada localidad habla a las claras de la urgencia que tiene la sociedad por tratar» el aborto, expresó legisladora por Córdoba.

De la presentación colectiva de recursos de habeas corpus participaron también las actrices Dolores Fonzi, Cristina Banegas y Leonor Manso, los actores Ricardo Darín, Juan Palomino, el historietista Miguel Rep y Claudia Villafañe, ex esposa de Diego Maradona, entre otras personalidades.

Por su parte, mujeres militantes de la Agrupación Pan y Rosas cortaron el tránsito en la intersección de las avenidas Rivadavia y Callao, frente al Congreso Nacional, para denunciar las víctimas que provocan cada año los abortos sin asistencia médica. Mientras, otro grupo de mujeres marchó hacia la Plaza de Mayo para pedir al gobierno que impulse medidas para la despenalización del aborto.

También, cientos de mujeres del colectivo «Juana Azurduy», conocidas como «Las Juanas», consideraron  que hay que poner en debate el tema del aborto «para que no se criminalice más a quienes optan por interrumpir el embarazo», una sanción que «cae con todo el rigor especialmente sobre las mujeres más pobres».

«Muchas mujeres con dinero y las que gozan de una protección social por tener prepagas u obras sociales, también pasan por esta decisión alguna vez en su vida; pero son las más pobres las que resultan criminalizadas», manifestó Sonia Lascano, coordinadora en Río Negro del movimiento que nació hace cuatro años en distintos puntos del país.

«Con este acto simbólico, pedimos que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 85 y 86 del Código Penal, por los que, de abortar, quedaríamos inmediatamente en condiciones de ser penadas por la ley», señaló Lascano y aseguró:  «Nadie espera que la despenalización provoque una larga fila de mujeres deseando abortar. El planteo es un tanto más ambicioso: la salud sexual y reproductiva, el acceso a la educación y a los métodos anticonceptivos, para poder elegir sobre el propio cuerpo».

Asimismo, desde el área de Justicia, la jueza de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay afirmó en los últimos días que «es el momento propicio» para comenzar a discutir sobre la despenalización del aborto.

En tanto, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata se pronunció a favor de la despenalización del aborto en la Argentina. De ese modo se transformó en la tercera casa de altos estudios en apoyar la iniciativa, luego de hacerlo la Universidad de Córdoba y la de Buenos Aires en junio y agosto pasados, respectivamente.

Según el ministerio de Salud de la Nación, en el país se realizan alrededor de 600 mil abortos inseguros por año, casi uno por cada bebé nacido vivo. La estadística oficial también señala que 80 mil mujeres son hospitalizadas cada año luego de someterse a abortos insalubres.

El pasado  21 de julio pasado, el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur negó haber firmado una resolución que establece la Guía Técnica para abortos no punibles, tras ratificar que ese protocolo rige desde 2007.

Un mes después la Organización de Naciones Unidas instó al gobierno nacional a «garantizar» la aplicación de esa Guía y pidió que «revise» la legislación que tipifica como delito la interrupción del embarazo.Según estadísticas oficiales esta práctica provoca al menos el 25 por ciento de las muertes maternas en el país.