Los ministros de Justicia, Julio Alak y de Educación, Alberto Sileoni, firmaron un convenio para ampliar las propuestas educativas en las cárceles federales e informaron  que la matrícula educativa en los establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) creció 275 por ciento en la última década y que el 60 por ciento de los detenidos en esas instituciones se encuentra cursando algún tipo de estudio.En este sentido Alak aseguró que «la educación es un pilar central para que las personas privadas de su libertad tengan, al egresar del sistema penitenciario, más y mejores oportunidades de reinsertarse en la sociedad», y agregó que es «una de las políticas fundamentales en materia de seguridad para reducir la reincidencia».El funcionario estuvo en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, donde firmó con su par de Educación, Alberto Sileoni, un convenio para extender las propuestas educativas en los penales.Al respecto el ministro consideró «notable» el crecimiento del número de detenidos que cursan estudios dentro de los penales y explicó que la cantidad de presos que estudian pasó de 1.593 al comenzar la década a 5.969 en junio de este año, lo que representa un incremento del orden del 275 por ciento.  A su vez, el funcionario instó a los internos a que «impulsen a sus compañeros a estudiar, porque no es grande el que nunca cayó, sino el que tuvo la fuerza para levantarse», y destacó la importancia de «aplicar políticas activas para garantizar la reinserción familiar y social de los condenados, a partir de valores comunitarios como el empleo, la educación y la capacitación laboral».Por su parte, Sileoni aseguró que desde la sanción, en 2006, de la Ley de Educación Nacional, la matrícula escolar en los establecimientos carcelarios del país creció un 98,9 por ciento, en tanto que el aumento acumulado de ese indicador desde 2003 fue del 169 por ciento.Asimismo, el funcionario subrayó que «en la actualidad la educación es un derecho humano indiscutible», y se mostró conforme porque «la sociedad argentina entendió que ésta es una cuestión que nos compete y nos compromete a todos». Según las cifras al 31 de diciembre de 2006 eran 3.260 los internos afectados a actividades laborales, en tanto que tres años exactos más tarde ese número trepó a 4.472. Hoy 4.933 detenidos trabajan, de los cuales 2.931 son condenados, lo que representa, aproximadamente, el 70 por ciento de los internos con sentencia firme. Tras este convenio, la cartera educativa se encargará de proveer el equipamiento y los equipos de docentes, así como de las instancias de capacitación a directivos y educadores, necesarios para llevar adelante las distintas ofertas de educación en los contextos de encierro. En tanto, el Ministerio de Justicia será responsable de los gastos de infraestructura y administración. Ambas dependencias acordaron, además, la creación de una Unidad de Articulación Interministerial con competencia para la gestión, el monitoreo y la evaluación de las acciones que se desarrollen en el marco del convenio firmado.