La pobreza descendió en los últimos años y aún castiga a casi 450 mil hogares, en los que habitan algo menos de 1,2 millón de personas, de acuerdo con la última medición difundida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) hace dos meses y correspondiente al primer semestre de 2013.

Según ese relevamiento -que no abarcó a todo el país, sino a los 31 principales aglomerados urbanos- dentro del universo de pobres (4,7% del total de habitantes) se incluyen 367 mil indigentes, lo cual supone que aproximadamente una de cada 70 personas encuestadas (1,4%) padece el grado extremo del flagelo.

Esos datos oficiales -sumados a los que revelan una más equitativa distribución del ingreso- muestran fuertes progresos de los sectores sociales más vulnerables.

No obstante, diversos análisis de consultoras privadas, tomados como fuentes confiables por parte de algunos medios, propagan cifras mucho más preocupantes.

A tal punto que esas publicaciones llegan a multiplicar por cinco los índices del Instituto, y elevan en hasta ocho veces la cantidad de personas incluidas en la categoría de “pobreza”.

Tales análisis -explican en el Indec- sustentan sus argumentaciones en datos parciales, cuando no erróneos, como los cálculos realizados sin mayor rigor estadístico sobre la evolución de los precios.

Esos comentarios, por otra parte, cruzan información (o percepciones) sobre la situación en áreas como vivienda, educación, tipo de inserción laboral y niveles delictuales, con similar falta de consistencia.

Otra forma de magnificar el problema, según los expertos, es evitar toda referencia a información veraz, como son los informes permanentes -públicos y privados- sobre incorporación de trabajadores; ventas en supermercados y shoppings (de alimentos, indumentaria, electrodomésticos, etc.); consumo de electricidad; expendio de naftas; construcción pública y privada, entre otros.

El Indec explica que su metodología para el cálculo de la Línea de Pobreza y la Línea de Indigencia compara “los totales de ingresos declarados por los miembros del hogar, con los ingresos estimados requeridos para la satisfacción de las necesidades de las personas”.

Es decir, no se identifican necesidades no satisfechas, sino que se asume que los hogares cuyos ingresos son inferiores a esas líneas pueden ser caracterizados como “pobres” o “indigentes”.

La línea de indigencia se establece a partir del valor monetario de una Canasta Básica Alimentaria (CBA), que representa los productos requeridos para cubrir un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas de cada miembro del hogar.

A su vez, la línea de pobreza representa el valor monetario de una Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos añade otros bienes y servicios (salud, educación, etc.).

Mediante la aplicación de esta metodología se observa la persistente mejora, desde la situación más crítica de la historia, el primer semestre de 2003, con una invariable salida de personas de la condición de pobre (54% en aquel momento) o indigente (27,7%, diez años atrás).

Las mediciones del Indec sobre las canastas básicas alimentaria en noviembre pasado arrojó valores de 249 y 566 pesos mensuales por cada persona adulta, mientras que las estimaciones privadas elevan esas cifras en cuatro veces, como mínimo.

Al margen de esas distorsiones, organismos como la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal), reconoció semanas atrás que la Argentina es, junto con Uruguay, el país de la región que más avanzó en la reducción de la pobreza en el último año.

Según ese análisis, los indicadores del país sobre personas afectadas por la pobreza se sitúan entre dos veces y media y once veces y media, por debajo de los niveles que exhiben en promedio las naciones sudamericanas más México.

Fuente: Télam