Unas 20 mil personas, entre las trasplantadas o las que permanecen en lista de espera, tendrán la chance de una verdadera inclusión social, al ponerse en vigencia una ley nacional que las protege y les facilita el acceso al trabajo, el estudio y los traslados.

En diálogo con Alejandro González, uno de los impulsores de la Ley 26.928 que fue aprobada en diciembre y se publicó ayer en el Boletín Oficial, se supo que desde ahora los trasplantados accederán a un pase de transporte, y la cobertura por parte de las obras sociales del 100% de los medicamentos, prácticas y estudios necesarios, entre otros beneficios.

«Esta flamante ley, única en el mundo, es clave para una real inclusión social y laboral de los trasplantados y personas en la lista de espera del Sistema Nacional de Procuración y Trasplante de la República Argentina», señaló González, secretario general del Consejo Asesor de Pacientes del Incucai y trasplantado renal.

La norma «nos da entidad como `trasplantados` -hasta ayer  desparecidos legales- ya que no éramos considerados ni `discapacitados` ni `pacientes dados de alta`, lo que nos dejaba en un lugar vulnerable».

González explicó que «los trasplantados están inmunosuprimidos y por esa condición -como ocurre con las personas con VIH-, no pasan  un apto médico para ingresar a un empleo».

«Al no poder acceder al certificado de discapacidad que otorga el sistema de salud y tampoco `tener el alta nunca`, nuestras posibilidades de hacer una vida integrada al mundo familiar, social, educativo y laboral se reducen. La ley vino a remediar esa situación», comentó.

Antes, añadió González, «un niño que había sido trasplantado y vivía en una localidad alejada de la capital provincial, donde seguramente está ubicado su centro de trasplante, no podía trasladarse con un adulto a cargo, porque no tiene certificado de discapacidad».

Ahora, con la nueva ley, «los trasplantados podrán acceder a un pase de transporte, como el que tienen las personas con discapacidad, que viajan con un acompañante».

Además, la norma obligará a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga a dar cobertura del 100% de los medicamentos, estudios y demás prácticas médicas necesarias para garantizar una adecuada atención de la salud de estos pacientes.

Otro punto de la ley dispone importantes beneficios impositivos para las empresas que den trabajo a las personas trasplantadas, permitiéndoles deducir del pago de ganancias el 70% de los sueldos, a la vez que garantiza a los pacientes en situación de desempleo el acceso a una asignación equivalente a una jubilación mínima.

Los beneficios alcanzan tanto a quienes recibieron un órgano como a las personas que están en lista de espera en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

Por otra parte, la ley garantiza el «acceso a la vivienda» al destacar que quienes carezcan de recursos suficientes serán ayudados para «la adquisición de una adecuada unidad habitacional o la adaptación de su vivienda a las exigencias que su condición de trasplantada le demande».

Además, el Ministerio de Educación debe incorporar como materia de estudio la temática relativa a la donación de órganos y los trasplantes.

El titular del Consejo Asesor, espacio que trabaja «ad honorem» en función de la necesidades de los trasplantados y personas en lista de espera del sistema sugiero ingresar al pagina del INCUCAI o llamar al 0800 que figura en la web para informarse sobre los beneficios que otorga la ley.