La Jueza dispuso ayer que se suspenda el aborto que se iba a practicar una mujer de 35 años y que sería el primero en realizarse en la ciudad de Buenos Aires bajo el protocolo que había dictado el Ministerio de Salud porteño en la administración del renunciado Jorge Lemus.

Aunque el kirchnerismo en un primer momento responsabilizó al jefe de Gobierno Mauricio Macri por el hecho, el Ejecutivo porteño aclaró que no compartía la decisión y anunció que la apelaría. Lo mismo hizo la mujer que debía practicase el aborto, que fue víctima de violaciones y estuvo atrapada en una red de trata de personas. 

Por su parte, la diputada nacional Diana Conti (Frente para la Victoria) informó pedirá el juicio político contra la jueza.   

«No solo la magistrada se aparta del derecho aplicable al caso, por tratarse de un aborto no punible, sino que resulta de total mal desempeño no haber escuchado a la mujer embarazada», afirmó la legisladora en un comunicado.

La diputada argumentó que «el derecho y su aplicación por parte de los jueces tienen como objetivo la resolución de casos concretos, y para ello es ineludible conocer las circunstancias y protagonistas, en este caso, la mujer que, amparada por el código penal, quiere abortar”.

Legisladores porteños también denunciarán por mal desempeño de sus funciones, ante el Consejo de la Magistratura, a la jueza civil Myriam Rustan de Estrada, que impidió la realización del aborto no punible.

La presentación, dirigida a Manuel Urriza, presidente del Consejo, solicita que se evalúe «el mal desempeño» de la jueza y que se  «analice si la conducta de la magistrada amerita sanciones o un jury».