El Colectivo de Mujeres Juana Azurduy organizó para hoy, Día Internacional por la Despenalización del Aborto, en la sede de Tribunales II de la justicia provincial pedidos de hábeas corpus colectivos y preventivos “para que el Poder Judicial declare inconstitucional la criminalización de la interrupción voluntaria de sus embarazos y consecuentemente, autoricen esta práctica en condiciones de seguridad, gratuidad y plena legalidad”.

Desde la organización de mujeres, que lidera la diputada nacional Cecilia Merchán -militante de Libres del Sur que conforma el interbloque de Proyecto Sur, dirigido por Fernando Pino Solanas-, informaron que alrededor de 1200 mujeres de todo el país, al mismo tiempo y forma, “reclamarán el efectivo ejercicio de sus Derechos Fundamentales sin la injerencia arbitraria y selectiva del Derecho Penal”.

En tanto, la secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) que lidera Alejandra Angriman ratificó en las últimas horas la necesidad de profundizar «las políticas públicas para poder acceder a la educación sexual», en el marco del Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe.

Angriman explicó que es preciso acceder a «la educación sexual a fin de poder decidir sobre el aborto legal, seguro y gratuito para no morir y la toma de anticonceptivos para impedirlo» y reclamó «el tratamiento y sanción del proyecto de ley sobre Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Público y Universal».

Según ella es la mujer quien debe decidir sobre su cuerpo» y sostuvo que «no es posible que continúen las muertes por abortar en condiciones inseguras, lo que explica más del 30 por ciento de los fallecimientos en la clandestinidad a partir de la desinformación y la ausencia de calidad».

«Los problemas que afectan a las mujeres, resultantes de la sociedad patriarcal, deben ser priorizados en el marco de un Estado laico, democrático y participativo que impulse el cuidado integral de la salud, con una perspectiva de género e igualdad y respetando la diversidad socio-cultural», afirmó la dirigente.

Asimismo, consideró «indispensable» resolver el tema del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y puntualizó que la ley 1.921 permite situaciones en las que «el aborto no puede ni debe ser punible, por lo que debe garantizarse su aplicación y avanzar con una norma acorde con este siglo».

«Por ello, resulta fundamental que el Congreso legalice el aborto para que todas las mujeres -sin distinciones-, accedan a abortos voluntarios legales, seguros y gratuitos provistos por el sistema público de salud y con el método que prefieran», añadió.

La CTA respaldó la Campaña Nacional por el Aborto Gratuito, Legal y Seguro y planteó que ello debe darse en «el marco del acceso universal y gratuito a los hospitales públicos y centros de salud de atención primaria y con consejería pública pre y post aborto».

Angriman se pronunció por «la prevención estatal de los riesgos del aborto inseguro a partir de medidas concretas y efectivas, por lo que se impone el diseño de políticas públicas para que la mortalidad y los daños por el aborto se reduzcan por la utilización de misoprostol (único medicamento reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como seguro para abortar».