A más de un mes de los reclamos, motines y acuartelamientos de las policías provinciales en todo el país, que dieron origen a saqueos y distintos hechos de violencia, se están desarrollando decenas de investigaciones judiciales en varias jurisdicciones.
En la provincia de Entre Ríos, el procurador general ante el Tribunal Superior de Justicia, Jorge García, lleva adelante la coordinación de la investigación y anticipó que en febrero pedirá imputar a varios efectivos y civiles. Además, pedirá la prisión preventiva para los imputados que enfrentarán cargos por robo calificado, encubrimiento, sedición, lesiones, daños calificados, peculado de servicio y privación ilegítima de la libertad.
El jueves fueron detenidos en Córdoba 17 policías y la esposa de un efectivo retirado, exempleada del servicio penitenciario provincial. Desde ayer prestan declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón (indagatoria que finalizaría el viernes). “La situación procesal de los detenidos se resolverá oportunamente”, aclaró Raúl Garzón, en diálogo con Infojus Noticias. Mientras tanto, los uniformados se encuentra imputados por desobediencia a la autoridad e instigación a cometer delito. Aproximadamente 50 civiles están detenidos preventivamente a pedido del fiscal imputados por robo agravado y encubrimiento.
En el fuero federal tramita una causa por sedición policial, que prevé penas de hasta seis años de prisión, según indicaron investigadores de la comisión de fiscales creada por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
En Santa Fe el gobierno provincial también presentó una denuncia de sedición e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La instrucción es impulsada por Walter Rodríguez, único fiscal federal en la jurisdicción. Alberto Martínez, el titular del sindicato policial no reconocido, Apropol, está bajo la lupa en este expediente, ya que escuchas telefónicas ordenadas por Rodríguez darían cuenta de su planificación detrás de los levantamientos de los efectivos.
En La Pampa, un grupo de personas vestidas de civil había tomado la jefatura de Santa Rosa durante la noche del 11 de diciembre, al tiempo que se produjeron acuartelamientos en varias comisarías y fue tomado el Comando Radioeléctrico de General Pico. En dicha provincia, el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, Jorge Ernesto Bonvehí, denunció a varios policías por sedición, y el 8 el fiscal pidió la indagatoria de ocho efectivos provinciales y tres expolicías, pero la situación se paralizó por una cuestión de competencia.
Por último, en Tucumán, el gobierno denunció por sedición a los policías acuartelados durante la protesta de diciembre. Al comienzo fueron detenidas 86 personas, pero solo a 17 se les dictó la prisión preventiva, entre ellas ocho efectivos de la Policía provincial.
