El gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, encabezó la entrega de pensiones graciables a 250 personas que durante la dictadura militar estuvieron privadas ilegalmente de su libertad en centros clandestinos de detención.

Durante la ceremonia, que se desarrolló en Casa de Gobierno, la secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sara Dorotier de Cobacho, destacó que “es un día histórico en la lucha por los derechos humanos, porque parte del objetivo de mi vida era que reconocieran a nuestros desaparecidos, y que reconocieran lo que habíamos pasado”.“No es una reparación, es algo que se preveía, porque hay muchos ex detenidos que no tenían ni la obra social”, agregó la funcionaria.

Por su parte, el diputado Alfredo Antonucci, impulsor de la iniciativa en la Cámara baja, recordó: “Esta ley venimos trabajándola y luchándola desde el regreso de la democracia en 1983”.

“Este país esta cambiando, somos parte, testigos y protagonistas de un país que está viviendo un momento bisagra. Estamos dejando atrás aquel Estado terrorista, ausente y egoísta, y estamos construyendo un país solidario, con un Estado presente, que se hace cargo de las necesidades del pueblo», consideró Antonucci.

La pensión para ex detenidos fue dispuesta por la Ley 14.042 con el objetivo de “reparar el sufrimiento padecido por gran cantidad de compatriotas que durante la dictadura fueron perseguidos, encarcelados y condenados por el sólo hecho de expresar sus ideas”, según se indica en los fundamentos de la normativa reglamentada este año.