La semana pasada un informe de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) confirmó lo que varias organizaciones sociales mendocinas, sobre todo del sur de la provincia, y representantes de la Unión Cívica Radical provincial habían advertido: en el Complejo Minero Fabril de San Rafael, Mendoza, ubicado en Sierra Pintada no están dadas las condiciones de seguridad para reactivar la explotación de uranio. La conclusión surge en base a que según el informe de la CNEA, enviado al Concejo Deliberante de San Rafael, a fines de marzo, en dicho complejo hubo una rotura en la membrana que recubre el fondo de una de las piletas que contiene líquidos del complejo minero uranífero. Según el diputado nacional Enrique Vaquié, “la situación de la contaminación producida por las empresas mineras en Mendoza necesita respuestas urgentes, enérgicas y efectivas por parte del Gobernador y del Poder Ejecutivo Nacional. Si los pasivos ambientales no se remedian corren en riesgo las fuentes de agua de la provincia y la protección de sus recursos ambientales. Nos preocupa la posibilidad de que se busque un vericueto legal para reactivar emprendimientos como el de Sierra Pintada sin que estén dadas las condiciones medioambientales necesarias pensando solo en términos económicos ya superados desde la inclusión del concepto del desarrollo sostenible en nuestra Constitución”.  El diputado manifestó que “esto tiene, además, relación con lo que está sucediendo con Repsol YPF, que ha contaminado durante años nuestra provincia, situación hoy admitida por Kiciloff y De Vido pero ignorada durante años a pesar de nuestros constantes reclamos. Debemos evitar que el suelo mendocino se convierta en un asiento contable para Repsol y empezar a cuidar efectivamente nuestros recursos naturales”, remarcó.  El diputado Vaquié acompañó con su firma tres proyectos –uno de declaración, uno de resolución y uno de ley– de la diputada Mariana Juri que ingresaron en la Cámara de Diputados el 24 de abril con el fin de concretas varias medidas por parte del Poder Ejecutivo Nacional para la protección efectiva del medio ambiente y las fuentes de agua en esa región ante la posible contaminación con uranio.  El proyecto de ley solicita prohibir “la autorización de nuevos licenciamientos de emprendimientos de exploración, prospección y explotación de minerales de uranio hasta tanto se resuelvan el total de los pasivos ambientales de los proyectos existentes en todo el territorio Argentino según lo establece en su Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio”. Mediante un proyecto de resolución, los diputados solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), informe a la Cámara de Diputados, de forma detallada y precisa, el estado de desarrollo en que se encuentra la ejecución del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio -P.R.A.M.U-, en las diversas regiones de nuestro país y el presupuesto asignado a su realización discriminado año por año y por sitio a restituir. También declaran la necesidad de que el Poder Ejecutivo Nacional instruya a la Comisión Nacional de Energía Atómica “a dar fiel cumplimiento a las obligaciones asumidas en el marco del Plan de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio -P.R.A.M.U.-, respetando el proyecto original del mismo y desarrollando todas las tareas comprometidas hasta la remediación total de las colas de uranio en cada uno de los sitios de nuestro país, incorporados al plan de referencia, en particular Sierra Pintada en la Provincia de Mendoza” “Sierra Pintada” y una larga historia de pasivos ambientales La mina de uranio “Sierra Pintada”, en la provincia de Mendoza, está ubicado a 1.200 km al oeste de la ciudad de Buenos Aires, fue explotada a cielo abierto desde 1976 a 1997, año en que se cerró.  Desde 2002, existe la iniciativa para reabrir la explotación de uranio en ese lugar, el gobernador radical de la Provincia de ese entonces, Roberto Iglesias, estableció lo que sería la consigna de su partido durante todos estos años: no se reactivaría la mina hasta que no se remediaran los pasivos ambientales aun presentes en la provincia. La postura del diputado Enrique Vaquié y de sus correligionarios tiene su fundamento también en la resistencia que existe por parte de las empresas mineras de tratar las colas de uranio en la zona de Malargüe y San Rafael.  Esta posición está sostenida jurídicamente por la Corte Suprema de Justicia, que dio lugar a un recurso interpuesto por la Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo Sustentable. Hoy, la CNEA debe abstenerse de modificar el estado actual de Sierra Pintada hasta que no se solucionen los problemas de contaminación.