Las jornadas, coordinadas por el Dr. Sergio Paduzak y el Dr. Angel G. Nardiello, dieron inicio con una mesa de apertura en la que participaron el Dr. Franco Piccardi (Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación), el Dr. Mariano Borinsky (Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal), el Dr. Luis Cabral (Presidente de la Asociación de Funcionarios y Magistrados de la Nación), el Dr. José López (Presidente electo en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal) y el Dr. Gastón A. O’Donnell (Rector de UCES).

Acto seguido, la Dra. Martínez expuso en el primer panel sobre “El rol de los Ministerios Públicos y del Poder Judicial como garantes de los DDHH de las personas privadas de libertad”, acompañada por el Dr. Gustavo Hornos (juez de Cámara Federal de Casación Penal y Presidente del Sistema de Control Judicial de las Personas Privadas de Libertad) y la Dra. Adriana García Netto (Fiscal ante la Cámara de Casación Penal).

Allí la Defensora General dijo que “en teoría la pena implica la privación del derecho de libertad ambulatoria. Sin embargo, tal como se está ejecutando la pena hoy, implica una grave vulneración de los derechos humanos de los privados de la libertad.  Y la culpa no es sólo del Servicio Penitenciario; es de todo el sistema de administración de Justicia”. 

“Las personas privadas de la libertad”, continuó la titular del MPD, “son personas abandonadas. Son no-personas privadas de un montón de derechos y del acceso a reclamar que se cumplan. ¿Cuántos abogados privados siguen trabajando en el momento de la ejecución? Hasta hace poco también estaban abandonados por jueces, fiscales y defensores. Nuestro objetivo es revertir esta situación. Porque el defensor es por lo general el único nexo que tiene la persona privada de la libertad con el juez que lo envió a la cárcel, con el sistema que lo recluyó y con la sociedad”.

Luego la Dra. Martínez citó textualmente el inciso l correspondiente al artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (29.496), que establece como función del MPD –entre otras- la de “velar por la defensa de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios, judiciales, de policía y de internación psiquiátrica, a fin de que los reclusos e internados sean tratados con el respeto debido a su persona, no sean sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y tengan oportuna asistencia jurídica, médica, hospitalaria y las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de dicho objeto, promoviendo las acciones correspondientes cuando se verifique violación”.

Sobre esta función del Ministerio, la Dra. Martínez reflexionó que “es por eso que debemos tener un rol proactivo.  Porque si me quedo sentado en mi despacho es difícil que me pueda enterar de que existen estas violaciones. Como Ministerio Público estamos obligados a diseñar y ejecutar política pública y, en ese sentido, las Comisiones de la DGN visitan cárceles, instituciones psiquiátricas y donde hay niños y adolescentes para monitorear que se cumplan sus derechos”.

Puntualmente sobre el tema de la violencia en las cárceles afirmó que se trata de algo “totalmente vigente” y agregó que “es uno de los lugares con torturas más graves. Es un modo cotidiano entre el Servicio Penitenciario y los privados de la libertad, y creo que para que esto ocurra mucho tiene que ver una mirada demasiado permisiva. El mensaje al Servicio Penitenciario es que pueden ejercer violencia porque el sistema judicial mira para otro lado. De todas formas, esto de a poco está cambiando”.

Finalmente, la Defensora General se dirigió “a los que postulan mucha cárcel y cárcel mala” para decir que “esa es una inversión por la inseguridad de nuestros hijos. Porque si a una persona que cometió un delito se le violan sus derechos humanos no hay forma que no se vuelva más violento. Entonces, si queremos una sociedad más democrática y menos violenta tenemos que luchar por un mejor sistema carcelario, por uno que si por ahora no puede convertir a las personas en seres mejores, al menos no les haga más daño y las convierta en peores”.

El congreso tuvo una duración de dos días con sus actividades, entre las que se destacaron el taller “Régimen disciplinario: principio de legalidad, debido proceso, garantía de defensa”, con la participación del Dr. Ricardo Richiello (Defensor Oficial Co-titular de la Comisión de Cárceles de la DGN) y el taller “Visitas Carcelarias a una institución penitenciaria. Cuestiones de violencia institucional”, donde expuso la Dra Marcela Piñero (Defensora Oficial Co-titular de la Comisión de Cárceles de la DGN).

El evento fue auspiciado por el Ministerio Público de la Defensa junto con el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Asociación de Funcionarios y Magistrados de la Nación, Hammurabi y el Colegio Público de Abogados, y se desarrolló en el Auditorio Mayor UCES.