La defensora del Pueblo porteña, Alicia Pierini, presentará ante la justicia una denuncia por «afectación a los derechos humanos» de los vendedores ambulantes del barrio porteño de Once por «procedimientos irregulares» realizados por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el Ministerio Público Fiscal y la Policía Metropolitana.

Pierini señaló que hubo «requisas» que «vislumbran una actuación que, al menos, luce desproporcionada si se considera el contexto en el que tiene lugar: una causa contravencional por venta ambulante». En este sentido, informó que recibió «denuncias que dan cuenta de procedimientos irregulares, porque personal policial se llevó dinero y objetos sin volcar tal proceder en las actas respectivas y se usaron sus armas para amedrentar a los allí presentes». La defensora consideró «aún más grave, que algunas personas manifestaron haber sido obligadas por personal policial a desnudarse como forma de requisa» por lo que consideró que «se ha sometido a los trabajadores a un trato humillante, que ni aún siendo trabajadores irregulares merecen sufrir». Pierini a través de un comunicado manifestó que también recibieron denuncias por «tareas de inteligencia sobre los trabajadores con seguimientos y registros fílmicos, allanamientos en viviendas, secuestro no solo de mercaderías sino de bienes personales no relacionados con la causa (como una heladera familiar)». Los operativos se realizaron durante esta semana en el barrio porteño de Once, por lo que los vendedores ambulantes realizaron manifestaciones con corte de tránsito para denunciar estos hechos, reclamar la devolución de la mercadería incautada y la autorización para poder vender sus productos. Pierini dijo que elevará las denuncias ante los «estrados judiciales», sostuvo que la Defensoría «se siente obligada a arbitrar todos los medios a su alcance para evitar que continúe la consumación de afectaciones a los derechos humanos» y «activar mecanismos de alerta cuando en el marco de procesos judiciales se afectan derechos y garantías de rango superior». Pierini señaló que «en otros pronunciamientos previos hemos dejado constancia de nuestra crítica opinión respecto de la política que se implementa en materia de espacio público, y que mientras estuvo a cargo de Diego Santilli se pudieron encontrar siempre vías de acuerdo». La defensora sostuvo que «los problemas que surgen en el espacio público no son para resolver con represión ni con conductas de dudosa legalidad, sino en el marco del Estado de derecho». En este sentido, consideró que «si la cuestión es la venta en el escenario público el eje de análisis es el trabajo informal y la necesidad acuciante de ganarse la vida». «Las personas afectadas por carencia de trabajo constituyen la cuestión principal y el espacio afectado la secundaria, y quienes denuncian mafias deberían probarlo para no incurrir en falsa atribución de delitos», consideró la defensora.

Fuente: Telam