Laura Elías desde 2009 denuncia como José María Ottavis la golpeaba y amenazaba de muerte.  “La violencia primero fue psicológica y después física. La última vez que me golpeó fue en 2009, ya estaba divorciada, y delante de dos policías en la puerta de mi casa: me sacudió del brazo, rasguñó y pegó una trompada en el brazo. Tuve la cara morada de golpes”, contó en su momento la víctima del referente de La Campora.

Asimismo, Ottavis le quitó la tenencia de su hijo que no ve hace tres años. El chico hoy tiene 11 años. Por sus denuncias Laura Elías fue sufrió amenazas de muerte y agresiones de desconocidos en la puerta de su casa. La última fue el domingo 22 de febrero de 2015 por parte de dos sujetos que le quebraron dos dedos de la mano y amenazaron por sumarse al bloque Bien Común y Alameda que dirige el legislador porteño Gustavo Vera. “Así que cambiaste de trabajo. No jodas con la denuncia, quedate en el molde, porque a tu hijo no lo ves más”, la amenazaron los patoteros.

En esta extensa lucha Laura Elías enfrentó a un hombre de poder político y a la fuerza aprendió, entendió y sufrió los huecos de la ley de Violencia de Género que desprotege a las víctimas.

En Argentina, los delitos de violencia de género son de índole privado: la única que puede hacer la denuncia es la víctima. Esto implica básicamente desconocer la condición de víctima de la mujer. Es cierto que lo más impactante en casos de violencia es el golpe, pero cuando llega ya vivieron situaciones tan críticas que es una anécdota más.

Son muy pocas las que denuncian cuando viven con sus parejas y las pocas que lo hacen quedan expuestas y sin protección.

En nuestro país la Oficina Violencia Domestica (OVD) toma denuncias por violencia y de inmediato mediante los juzgados de familia se emiten en horas las restricciones perimetrales para golpeadores. Pero en nuestro país no hay patrocinio jurídico gratuito.

Así, cuando a los 15 días cae la restricción perimetral, las mujeres no tienen quien siga sus casos en los juzgados de familia, el golpeador sabe que fue denunciado y no tiene inconveniente alguno para ingresar al hogar familiar, haciendo más vulnerable aún la situación de la mujer.

Este proyecto propone que los delitos de violencia de género sean de índole pública, familiares de las víctimas puedan denunciar y abra paso a la intervención de un grupo multidisciplinario (médicos, abogados, asistentes sociales, psicólogos) y comprobando esta situación impulsen la denuncia.

En nuestro país están todos los organismos necesarios para que esta ley se implemente, pero estos organismos están inconexos, y esta imposibilidad de articular hace imposible que una denuncia prospere y todo queda siempre en nada.

Fuente: NCN