La iniciativa es impulsada por los diputados Alejandro García y Carmen Polledo (PRO) que impulsan una modificación del Código Contravencional que limitaría severamente el derecho de huelga.

El lunes 3, obtuvieron dictamen de la Comisión de Justicia e intentarán llevar el proyecto al recinto a la brevedad. 

Según el texto, se fijan multas y penas de arresto para quien afecte “intencionalmente el funcionamiento de los servicios públicos como alumbrado, limpieza, gas, electricidad, agua, teléfono, transporte, correo o transmisión de datos”. 

Los castigos se duplicarán cuando los perjudicados sean los servicios sanitarios y hospitales.

“Es un recorte a las libertades democráticas de carácter represivo”, dijo Marcelo “Nono” Frondizi, delegado de ATE de los talleres protegidos del Borda. 

“El gobierno de Macri reprimió a trabajadores y pacientes en el Borda, no reconoce a más de 20 comisiones internas, persigue judicialmente a dirigentes gremiales y ahora quiere limitar el derecho a huelga. No hay dudas de esto afecta nuestros derechos”, agregó Frondizi.

Por su parte, el legislador de Proyecto Sur y presidente de la Comisión de Salud, Jorge Selser, opinó que el proyecto “es una barbaridad porque se limitan derechos que están en la Constitución. La huelga es una interrupción intencional que tiene por objeto una negociación, el PRO no puede desconocer eso”.

El secretario General de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTyS), Roberto Pianelli, señaló que, de aprobarse la modificación, resultará “inaplicable porque entra en colisión con el derecho a la protesta”. 

“Quieren intimidar a los trabajadores para que no protestemos, pero la huelga es un derecho humano. Este proyecto cercena derechos fundamentales que están consagrados por la Constitución Nacional y de la Ciudad”. 

Pianelli vaticinó que la norma “generará una escalada de reclamos y movilizaciones de todos los sectores que puedan verse afectados”.

No es la primera vez que el PRO persigue la actividad sindical o intenta limitar el derecho de huelga. Durante la discusión por el traspaso del subte, para obtener la aprobación de su ley, el macrismo debió quitar a último momento la denominación del servicio como esencial, que imponía restricciones a los paros y medidas de fuerza.