La Legislatura bonaerense sancionó anoche la ley de reforma impositiva que aumenta el impuesto Inmobiliario Rural tras el revalúo de tierras decretado por el gobernador Daniel Scioli.

La misma se sancionó en el Senado luego de ser aprobada primero en la Cámara de Diputados tras tres sesiones frustradas, la Cámara de Diputados.

De esta manera en Diputados se consiguió que la oposición le diera quórum al oficialismo para tratar el proyecto con el que el Poder Ejecutivo estima recaudar unos 2.600 millones de pesos, de los cuales casi mil serán girados a los municipios.

El decreto firmado por la mañana por el gobernador Scioli, que estableció el revalúo de los inmuebles rurales, destrabó la situación en Diputados debido a que la oposición se negaba a avalar la actualización de los valores de las tierras.

De esta manera, la medida fija las nuevas valuaciones inmobiliarias para la tierra libre de mejoras de las plantas rural y subrural, y faculta a la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) a aplicar esos nuevos valores para la determinación de los tributos.

En los fundamentos, el gobernador sostuvo que “la correcta valuación fiscal de los inmuebles permite captar la real capacidad contributiva y de esta manera consolidar la equidad del sistema tributario provincial, eje central en la política del gobierno”.

Además, explicó que “la falta de actualización del valor de la tierra rural es un problema estructural de la provincia”, y recordó que “la única valuación fiscal importante fue realizada en 1955, en oportunidad de llevarse adelante el primer catastro”.

Durante el tratamiento de la medida unos 500 ruralistas se concentraran frente a la Legislatura, donde derribaron un vallado y arrojaron huevos sobre el ingreso principal.

Luego resolvieron iniciar un paro y cese de comercialización desde el sábado hasta el domingo 10 de junio, según explicó el dirigente de Carbap, Pedro Apaolaza.

Los dirigente de la Mesa de Enlace confirmaron hoy que los ruralistas de la provincia de Buenos Aires se plegarán a un de nueve días para exigir que el Gobierno bonaerense de marcha atrás con la reforma impositiva que decretó ayer el Gobierno de Daniel Scioli.

La medida de fuerza, que ya había sido anunciada la semana pasada, incluirá la suspensión del envío de hacienda a Liniers y el freno en la comercialización de granos, y se extenderá por al menos nueve días. De todos modos los productores adelantaron que no se suspenderá el abastecimiento de productos de primera necesidad ni habrá cortes de ruta, aunque si movilizaciones.

“La idea no es bloquear las rutas sino manifestar nuestra disconformidad con actos y presencia en distintos puntos del interior del país”, aseguró el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA),Hugo Biolcati.

El paro se iniciará esta medianoche y se extenderá hasta las 24 horas del domingo 10 de junio.

“La no comercialización de hacienda y granos tiene un efecto ante la población que, creo, no se va a notar todavía demasiado, en la medida que esto no continúe”, advirtió Biolcatti.

“El impuestazo de Scioli tiene un impacto grande que influye en el consumo de todas las familias de Buenos Aires, pero los productos perecederos quedarán excluidos de la protesta”, indicó.

La nueva ley impositiva contempla una serie de medidas con las que el Poder Ejecutivo estima recaudar unos 2.600 millones de pesos de los cuales casi 1.000 millones serán girados a los municipios.

Además, autoriza al Poder Ejecutivo a contraer un nuevo endeudamiento de 2.400 millones de pesos y modifica las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos y Sellos para determinadas actividades.

En Diputados, contó en su totalidad con el apoyo de la bancada del Frente para la Victoria y Nuevo Encuentro y fue rechazado por la oposición que, en parte, sólo avaló los artículos referidos al endeudamiento para los que se requerían los dos tercios de los diputados presentes.

La ley, aumenta la alícuota en Ingresos Brutos a grandes contribuyentes de comercio y servicios, aquellos que facturan más de 40 millones de pesos al año, por lo que no afecta al 70 por ciento de los comercios, según detalló una fuente de la cartera de Economía.

Además se elimina la exención de ese impuesto a los prestadores de videocable, para equiparar su tratamiento con el resto de las actividades económicas, exención que existía desde hace 10 años en la provincia.

También se eleva en un punto la alícuota para los sectores de telefonía y bancos y se aumenta el impuesto de Sellos para equipararlo al resto de las provincias.

El aumento en Ingresos Brutos fue uno de los puntos cuestionados por la oposición, fundamentalmente por el Frente Amplio Progresista que consideró que Buenos Aires “sigue siendo la de mayor presión tributaria del país”, según sostuvo el diputado Abel Buil.