La Corte Suprema rediseñó sus canales de comunicación con los medios para mostrar una hiperactividad que es más simulada que real. Detrás de esa nueva estrategia se oculta otra grieta, que también es política pero que tiene como protagonistas a dos jueces: Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.
Esa pelea se desarrolla en al menos tres escenarios y niveles. En el primero, los dos jueces mantienen una relación tensa, que canalizan cortésmente como dos señores mayores civilizados que son. Pero, como decía el difunto trovador argentino Facundo Cabral, “lo cortés no quita lo caliente”.
El segundo nivel se desarrolla en Comodoro Py 2002, y tiene como referencia obligada a la obra social del Poder Judicial, exclusiva y otrora de excelencia y hoy bajo una investigación judicial por presuntas defraudaciones en el manejo de sus cuentas. El juez federal Ariel Lijo, un hombre muy vinculado con Lorenzetti, acaba de rechazarle al fiscal Carlos Stornelli un dictamen en el que proponía el archivo de una denuncia formulada contra el ex titular de la obra social Aldo Tonón, un viejo amigo del juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, quien a su vez es aliado de Rosatti en el máximo tribunal. El voto de Maqueda fue decisivo para que Rosatti sea hoy el presidente de la Corte, cargo al que aspiraba a regresar Lorenzetti. Stornelli considera que la denuncia es una excursión de pesca; Lijo la mantiene abierta, pese a ello.
El tercer nivel de la disputa irrumpió en las redes sociales días atrás y tiene como actores centrales a los voceros de Rosatti y Lorenzetti. En rigor, Silvio Robles es más que un vocero para Rosatti. Es prácticamente su mano derecha; lo conoce desde hace mucho tiempo y tienen una relación rayana en la amistad que excede el ámbito laboral. Algo similar ocurre con María Bourdín en relación con Lorenzetti.
La publicación de un artículo periodístico sobre los fallos de la Corte que rechazaron una serie de planteos de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la obra pública en la provincia de Santa Cruz disparó la visibilización de los estados de ánimo. La nota mencionaba a Robles como el autor intelectual de los tramos más picantes de las resoluciones. En la red Twitter, Bourdín publicó un extracto del artículo y escribió (cita textual): “Me estaría dando vergüenza que este operador (???) ex Miceli, Jaime, Juan Jose Lopez (actual Maqueda, Rosatti, Rosenkrantz) diga que escribió una sentencia judicial. Tan bajo caímos?”.
La grieta es tan profunda que Lorenzetti -quien siempre fue partidario (y lo sigue siendo) de una Corte de cinco miembros- podría mirar con buenos ojos el proyecto del Gobierno de ampliarla a 25. La institucionalidad y el pavor por el sometimiento al poder real amalgaman posturas que, en una situación normal, tendrían pocos puntos de coincidencia.
En ese escenario, la nueva estrategia comunicacional apunta a mostrar que con la actual conformación y pese a las vicisitudes que atraviesa, la Corte funciona. Pero allí también hay una pequeña trampa: hacer aparecer como resoluciones importantes decisiones que eluden pronunciamientos concretos o son actos de mero trámite formal.
Se ha dicho en este mismo espacio que el Centro de Información Judicial (CIJ) difundió un informe en el que proclamó que “la Corte Suprema cerró el año 2021 con el dictado de un total de 8.358 sentencias y habiendo fallado en 21.053 causas”. También se explicó que eso es literalmente imposible, porque significaría que “la Corte dictó 23 sentencias por día los 365 días del año, sin feriados, sábados, domingos ni, tampoco, feria judicial. Ni de verano, ni de invierno, a razón de una por hora y dispusieron de una hora diaria para comer, dormir e ir al baño”.
La mayoría de esas decisiones que se presentaron estadísticamente en aquel reporte corresponden a desestimaciones de recursos de “queja” mediante una fórmula sacramental conocida como “la plancha del 280” (un artículo del Código Civil y Comercial Federal que declara inadmisible al ultimísimo planteo de un expediente sin analizar las particularidades del caso). También hay en cada acuerdo de Corte decenas de resoluciones que definen “conflictos de competencia”: resuelven si determinado expediente debe ser tramitado por el juez Juan o la jueza María. No más que eso. Sin embargo se las presenta a ambas como actos judiciales consecuencia de análisis y debates profundos.
Ni siquiera eso es estrictamente así. La Corte tiene pendiente de resolución al menos dos cuestiones de competencia que podrían modificar sustancialmente sendos expedientes, uno por un femicidio y otro por disputas intestinas en la barra brava de River Plate.
El femicidio, en particular, debió haberse resuelto rápidamente porque hay un detenido. En diciembre de 2021, el paraguayo Damián Lezcano Mendoza, de 70 años de edad, fue detenido por el crimen de Nancy Videla, de 31, cuyo cadáver apareció debajo de una losa que el imputado había construido en el patio de su casa con el fin de ocultar el cuerpo. El caso concitó gran atención periodística. Nancy Videla llevaba varios días desaparecida, desde que salió de su trabajo en la Capital Federal y su rastro se perdió en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Por el lugar donde se inició el último viaje de la mujer, intervino un juez porteño, pero queda claro que el crimen se cometió en la provincia de Buenos Aires. En la Capital se instruyeron las primeras medidas y como no hubo una rápida definición sobre quién debía intervenir, el juez de instrucción porteño Diego Slupski indagó al paraguayo, lo procesó con prisión preventiva y se declaró incompetente por cuestión de territorio. A la espera de un pronunciamiento de la Corte, el procesamiento del sospechoso fue confirmado por la Cámara del Crimen porteña y el expediente fue elevado a juicio oral, con Lezcano Mendoza detenido.
La Corte sigue sin resolver el conflicto de competencia. Podría ocurrir que el juicio oral se hiciera, que el imputado fuera condenado y que después de todo eso la Corte dijera (como todo parece indicar) que la causa debió tramitar siempre en el lugar del homicidio, es decir Lomas de Zamora. Así, el paraguayo habría sido investigado y juzgado por tribunales que nunca fueron competentes para hacerlo.
¿Cuántas posibilidades hay de que eso ocurra? Muchas. En su último acuerdo, la Corte resolvió un conflicto de competencia por una causa que se inició el 3 de abril de 2019, es decir hace más de tres años: Claudia Villafañe inició un pre juicio contra Diego Maradona por el contrato y el contenido de la serie de Amazon Maradona, sueño bendito. El máximo tribunal tardó tanto en decidirse que el juez que va a intervenir ahora es el de la sucesión del astro futbolístico. El proceso arrancó con Maradona vivo y terminará con Maradona muerto, y sólo se trataba de decidir entre el juez Juan y la jueza María.
Néstor Espósito: @nestoresposito
