Florentino Nahuel es werken de la comunidad Pichil Antriao de la ciudad de Villa La Angostura, provincia de Neuquén. En una entrevista con InfoNativa, Nahuel expresó su preocupación respecto a la situación de todas las comunidades mapuches de la Patagonia y remarcó la importancia de la prórroga de la ley 26.160 para lograr la articulación de un relevamiento efectivo de las comunidades para así lograr la regulación de una ley de propiedad comunitaria.

“Firmamos un convenio con el gobierno de la provincia para tratar las situaciones de más de veinte comunidades”, expresó en la entrevista. “Creemos que la ley no resuelve el problema de fondo, pero es un paso previo. Tenemos como 10 causas judiciales encima por vivir en nuestras tierras. Se nos instalan las empresas privadas, petroleras, inmobiliarias y por eso buscamos preservar nuestros territorios.”

La ley 23.302 estipula que las tierras en las que las comunidades originarias se encuentren deben serles adjudicadas y es primer deber del Estado para con ellas el entregarlas. Aun así, las empresas petroleras en el norte de Neuquén y las inmobiliarias en el sur de Neuquén y Río Negro niegan el derecho a los pueblos originarios a permanecer en los territorios en los que viven desde hace generaciones con el argumento de que son propiedad privada.

También conversó con InfoNativa José Picón, miembro de la secretaría de ecología popular del Movimiento Evita y de la ONG Alerta Angostura. “Desde varias organizaciones apoyamos la lucha de los pueblos originarios y que de alguna manera se vuelva a prorrogar la 26.160 porque el relevamiento realmente no se hizo. La ley está vigente hace ya varios años, pero el relevamiento no se completó”, expresó.

A principios del 2021 el gobierno de la provincia de Neuquén anunció que el relevamiento de territorios de comunidades originarias se llevaría a cabo a lo largo del año empezando por el territorio aledaño a la ciudad de Villa La Angostura con la comunidad Pichil Antriao. Hasta ahora no ha habido ninguna información pública del avance de esta iniciativa.

“Ya hace un tiempo, creo que en el 2015 vino el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), se hicieron trabajos técnicos de relevamiento pero luego quedó todo parado”, mencionó Picón. “Estábamos esperando que de alguna manera la provincia accediera haciendo el convenio con el INAI para hacer el relevamiento”.

“Todo este conflicto es la consecuencia de una falta de políticas públicas”, declaró Nahuel. “Los gobiernos de turno no se sientan a dialogar con las comunidades” concluyó Florentino Nahuel.