Se determinó continuar con la conciliación obligatoria en la minera Vale. La disputa se originó a partir del anuncio de la empresa de suspender un proyecto para la extracción y exportación de potasio en Mendoza.
Al momento de anunciar la discontinuidad de Río Colorado, una inversión millonaria que incluía obras en cinco provincias, la empresa cuestionó «un aumento de costos» que hizo que «se duplicara la inversión» que habían pautado inicialmente.
En medio de la discusión sobre el origen del conflicto, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, anunció que el Gobierno extendería 30 días más el plazo de la conciliación obligatoria, que vence originalmente el 18 de abril próximo.
La decisión de la compañía afecta a alrededor de tres mil personas, según estimaciones del Gobierno. Sin embargo, desde la compañía entienden que su responsabilidad se encuentra sólo con los empleados directos, que no superan los 400.
«Este Ministerio tiene instrucciones de la Presidenta para poner en marcha el procedimiento preventivo de crisis», expresó el funcionario al hablar ante la Comisión de Minería del Senado.
Durante la audiencia expusieron, además de Tomada y del secretario de Minería, Jorge Mayoral, el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, y representantes de empresas proveedoras de servicios.
Pérez detalló los últimos pasos dados por la compañía y dijo que estos «no fueron claros» y que «fue sorpresiva» la resolución de abandonar el proyecto.
Por su parte, el representante legal de la empresa brasileña, Adolfo Duragnona, explicó que la firma se retira del país porque se «duplicaron de seis mil a doce mil millones de dólares» los costos de inversión a raíz de «obras adicionales» que las provincias le fueron reclamando a Vale.
Para cerrar Tomada precisó que se trata de un «conflicto interjurisdiccional» ya que afecta a las provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, y advirtió que la intención del gobierno nacional es «garantizar la paz social» y dar «cobertura» a los trabajadores afectados.
