El Consejo General de Educación (CGE) de la provincia de Misiones intervino en el aula satélite de la Escuela N° 782, ubicado en el Paraje Tres Vecinos de Bernardo de Irigoyen, donde la directora y algunas docentes el pasado viernes se dedicaran a observar pasivamente un hecho de violencia entre dos menores.

Luego de que el caso tomara estada público y causara la indignación de los padres de los estudiantes, las autoridades misioneras decidieron separar preventivamente del cargo a las educadoras con el fin de “garantizar el normal dictado de clases”.

Según confirmaron a Misiones Online, los supervisores del CGE concurrieron al lugar para analizar la situación y dialogar con los padres. De esta manera, corroboraron que el hecho existió de acuerdo al acta de información sumaria elaborado con los testimonios de las personas involucradas.

En base a estos elementos, los funcionarios pudieron precisar que las alumnas se trenzaron a los golpes en el patio del establecimiento educativo frente a la actitud pasiva de la directora y dos docentes, cuya identidad no trascendió. En tanto, aclararon que las participantes de la pelea son una de estudiante del nivel primario y otra el Nivel Secundario Rural (UGL N° 3114) que funciona en el mismo lugar.

En un mismo sentido, analizaron un video circula públicamente un video que muestra cómo las dos alumnas mantuvieron una pelea por varios minutos a la vista pasiva de las docentes del establecimiento.

En consecuencia, por disposición de las Supervisoras Escolares Ofelia Feiza y María Teresa Gómez, se separó preventivamente del cargo a las profesionales presentes el día del hecho hasta tanto se expida el CGE luego de la investigación sumaria. En este sentido, se estableció que por el momento las maestras desempeñen tareas administrativas en las escuelas N° 782, 357 y 866 del Municipio de Bernardo de Irigoyen.

La resolución de la provincia se basó en la Ley 174 (Estatuto) que precisa que son deberes del docente desempeñar digna, eficaz y lealmente las funciones inherentes a su cargo y además poseer la capacidad física y la moralidad inherentes a la función educativa y velar por la integridad física y moral de los alumnos dentro del establecimiento educativo.

Por otro lado, el hecho fue denunciado penalmente ante la justicia por los progenitores de una de las alumnas involucradas amparados en los Derechos de los Niños que fueron vulnerados.