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Uruguay será el primer país de Sudamérica en despenalizar el aborto

Mañana el Congreso uruguayo aprobará esta polémica medida, cuatro años después de que el ex presidente Tabaré Vázquez vetara la ley sancionada por el Legislativo.

 

La Cámara de Diputados uruguaya votará mañana una ley de despenalización del aborto, que admitirá esta práctica hasta la semana doce de gestación, con un plazo mayor sin límite en caso de que haya riesgos para la salud de la madre. 

 

La iniciativa, aprobada el 27 de diciembre por los senadores, tiene los votos suficientes en la Cámara baja, de manera que se estima que pasará sin problemas esta instancia, aunque igualmente generará un extenso debate.

 

El diputado Iván Posada, del Partido Independiente (PI), dará un informe en mayoría, con el argumento de que este proyecto servirá para «disminuir el número de abortos» que se practican en el país, muchas veces sin las garantías para la madre ni para el bebé.

 

Según el legislador, la nueva ley permitirá a la mujer decidir libremente si desea interrumpir el embarazo y, en ese caso, podrá realizarlo con las máximas garantías para su salud.

 

En tanto, el opositor Partido Nacional (PN) basa su rechazo a la ley en el «derecho a la vida» y en la «defensa de los derechos humanos», argumentos que también sostiene el opositor Partido Colorado (PC) que ordenó a sus diputados votar en contra «por disciplina partidaria» ya que algunos están de acuerdo con la propuesta del oficialismo.

 

Una encuesta realizada por la consultora Cifra y difundida el viernes pasado señala que el 52 % de la población de Uruguay está a favor de despenalizar el aborto, mientras que el 34 % lo censura y el 14 % no se pronuncia.

 

A pesar de estar penado por ley, en Uruguay cada año se producen más de 30 mil abortos, según cifras oficiales, aunque la realidad podría doblar ese número, señalan organizaciones no gubernamentales.

 

Cabe recordar que en noviembre de 2008, cuando transcurrían tres años del gobierno izquierdista del oncólogo Tabaré Vázquez, el congreso aprobó la llamada Ley de «Salud Sexual y Reproductiva» que fue vetada por el entonces presidente, sobre la base de «razones filosóficas y biológicas».