El de los docentes es una invitación, pero no así el de los niños, que los interroga sobre cuestiones privadas y personales, sobre su vida escolar y familiar.

La Constitución Nacional, garantiza el derecho a la privacidad, intimidad y confidencialidad de la vida privada e intimidad familiar de niñas y niños, como parte inviolable de la dignidad humana. Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales.

Si bien las familias fueron notificadas sobre la evaluación, no ocurrió lo mismo con este cuestionario anexo, cuyo origen es ajeno a los profesionales de los equipos técnicos que elaboraron la prueba, y se  suministra otorgándole a cada alumno un código de identificación. Este accionar del Gobierno de la Ciudad viola el derecho a la Dignidad de los chicos/as expresado en la ley 26601, que establece que «se prohíbe manipular, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los niños y niñas, a través de cualquier medio, sin la autorización expresa de sus padres, representantes legales o responsables».

El Secretario general de UTE, Eduardo López, planteó el rechazo de UTE a este cuestionario “por tendencioso, por estar fuera del marco pedagógico propuesto en la comunicación a los/as adultos responsables, por no estar explicitados en ningún lado los usos que se harán de los datos relevados, y por su falta de cuidado a la subjetividad de los chicos/as que serán evaluados”. Y agregó: “No es la primera vez que el Gobierno de la Ciudad intenta vulnerar los derechos de los niños y las niñas de las escuelas públicas también lo hizo cuando quiso poner cámaras en las escuela”.