En octubre de 2010 Diana Della Bruna, periodista de 25 años, trabajadora del Instituto de Cultura Popular (InCuPo), cubrió el desalojo sorpresivo a una familia indígena de la localidad de Pampa del Indio. Días después, recibió una notificación de la fiscal de General San Martín, Gladys Acosta de Scarel, que la imputaba de «partícipe necesaria del delito de coacción agravada y atentado a la autoridad».