La justicia federal hizo lugar a la presentación de la ONG Protectora contra el aumento del 50 por ciento de la tarifa que comenzó a cobrarse en abril. La amplitud térmica de Mendoza, la falta de una audiencia pública antes de determinar el incremento y la desinformación a los usuarios, fueron los argumentos que hicieron considerar discriminatorio y excesivo el aumento.