El resurgimiento de quejas y denuncias por apremios ilegales contra la fuerza de seguridad local surgió por su intervención en un conflicto social entre familias y otro confuso episodio con familiares un joven asesinado por la policía en 2010. Militantes de derechos humanos denuncian amenazas de muerte y la improcedente detención de un chico de 11 años, entre otros maltratos.