La decisión de la jueza neuquina Ana Malvido de liberar al presunto violador de una adolescente a la que subió a los golpes a su auto en la madrugada del jueves a la salida de un boliche para luego abusarla sexualmente, generó un fuerte rechazo en distintos sectores de esa provincia.

Las pericias médicas comprobaron el acceso carnal que sufrió la muchacha (18) en un baldío de la capital provincial, hasta que vecinos escucharon sus gritos y lograron atrapar al hombre (35), que fue detenido por la Policía.

Si bien durante la audiencia realizada el viernes la jueza Ana Malvido acusó al hombre de abuso sexual con acceso carnal y le impidió acercarse a la víctima, decidió dejarlo en libertad tras advertirle que no puede salir de la provincia.

Así, la polémica decisión sorprendió a funcionarios, referentes judiciales, familiares de la víctima y organizaciones sociales e, incluso, a legisladores que volvieron a reclamar por la reforma del Código Procesal Penal.

Es el caso del ministro de Seguridad neuquino, Gabriel Gastaminza, quien en diálogo con La Mañana señaló que “respeto mucho la división de poderes pero no comparto esta decisión judicial”.

“Uno espera más responsabilidad institucional y social al momento de interpretar y aplicar el derecho procesal”, enfatizó el funcionario y agregó que “todos los funcionarios públicos -los magistrados lo son- debemos estar al servicio de la ley y la constitución, pero interpretando el derecho conforme los derechos de todos. No sólo de los imputados, sino también de las víctimas y de la sociedad toda”.

En esta misma línea, el jefe de fiscales, José Gerez, consideró que “es prioritario debatir cuándo aplicar la prisión preventiva. Es necesario neutralizar la sensación de impunidad e injusticia que reina en la sociedad cuando el acusado de un hecho de violación u homicidio -con pruebas- es dejado en libertad simplemente porque se presume que el imputado, por tener domicilio, familia o trabajo, no se dará a la fuga”.

La decisión de la jueza no cayó bien tampoco en las organizaciones sociales, que pusieron foco en la vulnerabilidad de las víctimas. Desde la Colectiva Feminista La Revuelta, Ruth Zurbriggen explicó que “cuando una mujer denuncia es un momento difícil de revictimización, por lo que es traumático y de mucha vergüenza. Pero cuando decide soportar todo eso y denuncia, va a la Justicia esperando una reparación del daño. Esta resolución de la Justicia es un mensaje para la sociedad, para las mujeres, para las familias y también para los violadores porque los dejan en libertad”.

Un debate en suspenso en la Legislatura provincial

En medio de este escenario, volvió a escena la reforma del Código Procesal Penal propuesta por el ejecutivo neuquino, que prevé prisión preventiva para casos graves, como los abusos sexuales.

El jefe de los fiscales, José Gerez, confió que “la prisión preventiva como se encuentra regulada en el nuevo Código Procesal Penal persigue fines netamente procesales. Por este motivo comparto el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, para que la prisión preventiva -sólo en los hechos graves- comprenda además como presupuesto para su dictado otros aspectos, que atiendan a la seguridad y a la paz social o integridad de la víctima, sus familiares o sus bienes”.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Gabriel Gastaminza, explicó que “con la Reforma del Código Procesal Penal se le da más herramientas al juez, siempre que éste elija usarlas. Por eso no se entiende cuando algún mediático magistrado dice que el gobernador busca presionar a los jueces con la reforma”, remató el funcionario.