Según trascendió, la medida de fuerza alcanza a los pabellones de máxima y de mediana seguridad y suspende todas las actividades programadas en las áreas de tratamiento.

La huelga de hambre fue advertida en un petitorio que los familiares de los detenidos presentaron, por la falta de alimentos y medicación, ante la Defensoría General y el Juzgado de Garantías en turno, que esta mañana declinó competencia a la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, que hace un mes prohibió el ingreso de presos a esa unidad.

Según explicó a 0223, Fabiana Danti, secretaria de la Defensoría de Ejecución Penal, «a los juzgados de Ejecución se le entregó copia simple del petitorio para que intimen a las autoridades a regularizar en lo inmediato las condiciones de detención en la Unidad Penal 15».

Desde la Cámara se confirmó el pedido de informes al Ministerio de Justicia y Seguridad y al Servicio Penitenciario Bonaerense, a cargo de Florencia Piermarini.

Habiendo hecho lugar a un habeas corpus colectivo por las pésimas condiciones de detención en ese penal, el mes pasado, y con vigencia de 60 días, los magistrados prohibieron el ingreso de presos a la unidad de condenados y a la de mujeres.

Se dispuso, por tanto, que las personas privadas de libertad que no pertenecieran al Departamento Judicial Mar del Plata sean reubicados de manera progresiva.

“La falta es crónica”

Lo aseguró el camarista Walter Dominella a propósito de la huelga de hambre en la Unidad Penal 15. 

Como miembro del Comité de Seguimiento Departamental sobre condiciones de detención y como integrante además de la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, Walter Dominella recorrió y entrevistó internos en la Unidad Penal Nº15 de Batán.

El magistrado confirmó a 0223 que la “mayoría de los presos se adhirieron a la medida de fuerza” mediante la que reclaman mejoras frente a los ya “crónicos problemas” de alimentación y asistencia sanitaria a los que están sometidas las personas privadas de libertad.

Actualmente, según los datos que el Servicio Penitenciario le giró al Comité de Seguimiento Departamental, que trimestralmente envía al Ministerio de Justicia y Seguridad un reporte “crítico” sobre el estado general del Complejo Batán, en el Penal se alojan unos 1012 internos. Apenas 15 menos de los que estaban detenidos al momento de la resolución judicial que prohibió por dos meses el ingreso de detenidos a esa unidad.

Según dijo Dominella, “estas circunstancias se vienen advirtiendo desde hace tiempo y quedan plasmadas en los informes que cada juez y defensor entrega al Comité de Seguimiento tras cada visita institucional asignada”. “Y esa información ya la hemos entregado, en más de una oportunidad, a las autoridades provinciales del Ministerio de Justicia y Seguridad”, reconoció el camarista.

Fuente: Infogei