Un orden que es mundial y transita una crisis integral, con un trasfondo de acentuación de la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo sobre los bienes comunes, en donde América Latina y el Caribe cayó el doble que la economía mundial durante el 2020.
La recuperación que se anticipa para el sistema mundial desde el 2021 se ralentiza en el subcontinente, evidenciando problemas estructurales que sobrepasan la dinámica coyuntural de lo sanitario.
Claro que la emergencia sanitaria responde a fenómenos de fondo como la tendencia a la mercantilización de la salud, operada de manera creciente en el devenir liberalizador desde comienzos de los setentas del siglo pasado.
Si ya se discute la salida de la pandemia, vacunación mediante, el horizonte de “nueva normalidad” permea los debates sobre el rumbo civilizatorio.
¿Hacia donde debe orientarse la región?
Las estrategias nacionales fortalecieron la desarticulación regional y, por ende, las políticas sanitarias y económicas respondieron a intereses locales de una dominación que es global y en beneficio de las ganancias.
En materia de vacunas, los laboratorios transnacionales privilegiaron sus intereses económicos y negociaron con cada país cuotas de mercado. Cada quien “resolvió” lo que pudo y como pudo en acuerdos bilaterales, desoyendo toda posibilidad de acuerdo regional compartido.
Ni hablar de la cooperación tecnológica, suscripta por cada país con potencial productivo de manera bilateral con los principales laboratorios oferentes de vacunas en el sistema mundial. Ni siquiera se consideró la potencialidad de la articulación de investigación y producción de países de la región con Cuba, que son sus vacunas demostró capacidad técnica y profesional para atender la demanda de la región e incluso más allá.
Ante la presencia de un problema global, la respuesta debió ser mundial, o por lo menos regional. No ocurrió ninguna de las dos. El sistema mundial apenas pudo definir el carácter pandémico de la situación derivada del COVID19, sin afectar el dominio de las patentes derivado de una lógica de estímulo a la propiedad intelectual privatizada, como signo de época de estos años liberalizadores construidos desde hace casi medio siglo.
Volver a instalar la potencia de la integración regional resulta un imperativo de época. Por ello resalta la recreación de la CELAC, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, la que fundada hace una década reapareció a fines de julio en la 21° Reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Fueron 33 los países que deliberaron en México, bajo la presidencia temporal de la CELAC por Andrés Manuel López Obrador, Presidente del país anfitrión del cónclave.
Las resoluciones trascienden la dimensión política y diplomática, para perfilarse como ámbito para una mayor articulación económica. Es lo sostenido por el titular del gobierno mexicano, quien promovió el desafío de una lógica integración no subordinada, explicitada en contra de la OEA.
Es larga la historia de la dependencia regional, primero al colonialismo europeo y luego al orden capitalista.
Los inversores externos, europeos o estadounidenses, extendieron la apropiación del excedente económico regional sobre la base de la superexplotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes, abundantes y demandados por el sistema mundial.
Ahora es China quien crece en sus actividades económicas, comerciales y financieras sobre la región, por lo que debe considerarse en la coyuntura el rumbo de la evolución próxima en materia de integración.
Adecuaciones en la inserción global
La situación global se redefinió en la última década del siglo pasado y los países latinoamericanos y caribeños fueron captados, en su mayoría, hacia una lógica liberalizadora, con excepción de nuevos vientos que soplaron al comienzo del Siglo XXI. Allí se habló de Nueva Arquitectura Financiera, de articulación productiva en materia de alimentos o energía; en novedosos mecanismos de integración para la producción, el comercio, las finanzas y la investigación científica y tecnológica, lo que supuso aliento a una nueva institucionalidad, entre ellas a la CELAC.
Son y eran elementos de una integración alternativa, no subordinada a la lógica de la dependencia al gran capital externo. Es lo que recrea y enuncia la presidencia de México y puede continuarse en el próximo periodo, quizá, bajo la dirección de la Argentina.
El impulso de cambio político y económico fue abortado en la región, con retrocesos a salidas nacionales, de reciclado de la inserción subordinada a la lógica inversora de los grandes capitales privados, lubricados con endeudamiento y funcionalidad especulativa. Eso es la historia reciente, desafiadas por nuevos cambios que alimentan la esperanzas de cercanos futuros con perfil de transformación socioeconómica.
La pandemia sorprendió y en el marco de la gravedad social, la realidad impone discutir el estado de situación actual, clarificar el diagnóstico y proponer alternativas superadoras de una continuidad que demanda el poder mundial, con más liberalización y reaccionarias reformas en materia laboral, previsional e impositivo.
Por otro lado, se sostiene la ilusión que aún es posible reformar el orden existente sin cortar la secuencia de producción y circulación comandada por el capital, hoy transnacionalizado y fuertemente concentrado. Por ello es que sostenemos que estamos en un tiempo de pensar y actuar con autonomía la articulación regional.
Asistimos a un momento de cambio ante la gravedad y extensión de la pandemia, especialmente con perspectiva de superación, por lo que la integración no subordinada no debe ser solo una propuesta a futuro, sino un imperativo de la hora para atender las urgentes necesidades civilizatorias en América Latina y el Caribe.
Julio Gambina es Doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y de la FCEJYS de la Universidad Nacional de San Luis, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP