El CEPIS junto a un puñado de intendentes bonaerenses y el Defensor del Pueblo de Provincia pedirán a la Justicia frenar los nuevos aumentos tarifarios.

El nuevo aumento de la tarifa de la luz en la región metropolitana de la Ciudad y Gran Buenos Aires generó la primera acción de amparo colectivo para frenar los aumentos.

Por lo pronto, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), un grupo de intendentes peronistas bonaerenses y el Defensor del Pueblo de la provincia se presentaron ante la Justicia la medida de alcance nacional para dejar sin efecto la nueva suba del servicio eléctrico.

La presentación considera que los nuevos aumentos vulneran el principio de tarifas justas y razonables y los estándares establecidos por la Corte Suprema en el fallo CEPIS de 2016. Vale recordar que el máximo tribunal había dictaminado que las tarifas deben cumplir con el criterio rector de “gradualidad” y estar acordes a los niveles de ingreso de los ciudadanos.

Desde este viernes, el servicio eléctrico para los usuarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires subirá un promedio de 26%, con picos de 32%, de acuerdo con lo dispuesto por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

El Gobierno anticipó que las tarifas de luz subirán 55% a lo largo de este año, muy por encima de la inflación
prevista por consultoras privadas, que hasta el momento ronda el 25% anual.

Sin embargo, no serán los únicos aumentos en el servicio ya que en marzo, la luz tendrá un nuevo ajuste del 14%. Para mayo y agosto se prevén sendos aumentos de 4%, justo antes de las elecciones primarias que definirán los candidatos para las presidenciales de octubre.

La presentación judicial exige también la suspensión de las resoluciones de la Secretaría de Energía y el ENRE al tiempo que remarca que “no se ha cumplido con el procedimiento de audiencia pública”.

La medida solicita a la Justicia que debe “frenar los atropellos del Poder Ejecutivo y aseguren el derecho de los ciudadanos a una tarifa justa y razonable”. El texto, también exige tanto Energía como ENRE “se abstengan de trasladar a los usuarios el nuevo cuadro tarifario hasta tanto se dicte sentencia de fondo”.