El complejo ocupado está formado por unos 200 departamentos en edificios de tres plantas y estaban destinados a familias en riesgo asentadas en las márgenes de la cuenca Matanza Riachuelo, las que deben ser relocalizadas.Testigos dicen que pagó «entre 8 mil y 20 mil pesos» para planes de viviendas y fueron estafados, a partir de los trámites que iniciaron en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).Además, la mujer acusó ante la prensa a personal de la Policía Metropolitana de golpear a una nena de 12 años.

El Ministerio de Seguridad de la Nación interpuso hoy un recurso ante el juez de Quilmes, Luis Armella, destinado a «extender los plazos de desalojo» en el complejo de departamentos ocupado, en el barrio porteño de Flores. En diálogo con C5N afirmó que «quien debe intervenir son los tribunales de la Ciudad»En ese sentido, Alak dijo que «la policía competente y para proceder a hacer el desalojo es la Metropolitana».»La competencia territorial pertenece a la Ciudad y claramente desde que se transfirió el delito de usurpación la que tiene que intervenir es la Metropolitana», señaló Alak y agregó que «el Gobierno nacional viene encarando la situación para resolverla favorablemente».

La ministra de Seguridad Nilda Garré le pidió a la Justicia “tiempo” para demorar el desalojo del complejo habitacional del barrio porteño de Flores que permanece tomado ilegalmente por 140 familias, mientras efectivos de la Policía Federal con refuerzos de la Metropolitana rodearon el predio.

Garré pidió a los “okupas” que depongan su actitud, mientras le solicitó al juez Luis Armella por medio de un recurso “extender los plazos” para llevar adelante el desalojo.

En tanto los agentes de las policías Federal y Metropolitana rodearon el complejo habitacional de 204 viviendas ubicado en las calles Lafuente, Castañares y Portela, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras los ocupantes aseguraron que no se irán.

Algunos vecinos de la zona señalaron además que durante la noche fueron robados calefones, cocinas y otros artefectos de los monoblocks tomados.

Por su parte, en representación del Gobierno de la Ciudad se acercó al lugar María Eugenia Vidal, ministra de Desarrollo Social porteña, que señaló a la prensa que las tomas “no son espontáneas”.

Ayer, Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal de Quilmes, dispuso que el predio ocupado ilegalmente fuera desalojado, y multó a la Secretaría de Seguridad de la Nación en 500 pesos diarios por cualquier demora que impida efectivizar la medida.

La medida dictada se enmarca en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la causa “Mendoza”, que en 2008 ordenó la puesta en marcha de un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Para ello, el Gobierno de la Ciudad -a través de la Corporación del Sur- comenzó la construcción de poco más de 200 casas tendientes a recibir a los vecinos desplazados de la costa del Riachuelo.

De acuerdo con la orden impartida ayer, se deberá dar lugar al inmediato reintegro de la posesión a la Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.