Mientras el  PRO pidió «el respeto a la libertad de prensa y expresión». La oposición, calificó la medida de «antijurídica y anticonstitucional», criticó al Ejecutivo por «querer imponer quién debe ir preso y quién no» y «tratar de meterse en temas que le competen al Poder Legislativo».Cabe aclarar que el Decreto en cuestión modifica las sanciones a la contravención que cuadra con el bloqueo e impedimento de distribución de medios gráficos, estableciendo la posibilidad de dictar una pena de prisión, inexistente en el Código Contravencional para este tipo de infracciones a la ley.Luego de un debate de dos horas que giró en torno a la constitucionalidad y legalidad del DNU y lo que establece la Constitución Nacional y local y el Código Penal, como era de suponer, no hubo acuerdo y la cuestión tendrá dos despachos, uno favorable y otro desfavorable,  para luego ser tratado  en el recinto probablemente durante una sesión especial, el 27 de abril.. Los argumentos del PRO  hicieron foco en el hecho de respetar la “libertad de prensa, la libertad de expresión” y defender la figura del Jefe de Gobierno al asegurar que “la norma local le otorga atribuciones para resguardar la seguridad y el orden público”, y así disponer de medidas necesarias para proteger a la ciudadanía. Con un discurso prolongado y con varias intervenciones a lo largo de la reunión, Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) explicó que el DNU hace referencia a “figuras penales y penas de prisión” y determina que en este caso, “las personas deben ir presas por voluntad del Jefe de Gobierno”. Según el legislador,  un Gobierno no puede emitir castigos penales por DNU y aclaró que el Parlamento es el que “debe encargarse de dar solución a esos asuntos, y determinar qué es legal y qué no”.En igual sentido  Fernando Sánchez (Coalición Cívica) expresó que “si bien hay que encontrar mecanismos para garantizar la libertad de prensa, el DNU plantea una posición inconstitucional y por lo tanto no es válido. No puede emitir una disposición de carácter legislativo”.Cerruti, Lubertino, Raffo y Abrevaya complementaros lo anterior y expresaron que el decreto “no es ni urgente ni necesario”. Por otro lado, y haciendo referencia a lo que dispone el Código Penal en dos de sus artículos (el 161 y el 194), en el que obliga a “sufrir prisión de uno a seis meses, al que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico”, los legislados opositores, argumentaron que “son suficientes” las disposiciones de la ley y que “no hace falta introducir más penas”.Bajo el argumento de que “no se puede defender un derecho violando la Constitución”, la oposición propuso que el PRO presentara un proyecto de ley propio y dejara de lado la disposición del Jefe de Gobierno.