En la Villa 21-24 de Barracas, se registraron 1347 familias viviendo al lado del Riachuelo, el curso de agua más contaminado del país,  en situación de extrema pobreza, por lo que faltarían  más de 500 viviendas para poder completar la relocalización total que ordena la Corte para empezar el saneamiento de la cuenca.

Esto motivó que el  asesor tutelar del poder judicial porteño, Gustavo Moreno, anticipara  que la proyección de casas a construir no es suficiente para ubicar a las 2424 familias. Faltarían unas 500.

Cabe recordar, que el gobierno porteño, por medio del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), había destinado 1060 viviendas para esa relocalización, según el plan que su presidente, Omar Abboud, entregó al juez federal Luis Armella a principios de año, cuando faltaba un día para que vencieran los plazos que estableció el magistrado.

Dentro de ese plan, el IVC había calculado construir 840 casas en el predio de “Mundo Grúa”, ubicado en el límite de la Villa 21-24 con Zavaleta, es decir a pocos metros de Iguazú e Iriarte, en el extremo sudoeste del barrio. Sin embargo, un estudio de factibilidad de ese lugar, concluyó que allí no se podían proyectar 840 viviendas, sino 500.

Por otra parte, el fiscal explicó que “A las 340 casas que no se pueden construir, se suman otras 220, que están ubicadas en la Avenida General Paz y Castañares, dentro del predio que construyó la Fundación Madres de Plaza de Mayo y que implica un grave desarraigo para las familias, especialmente porque no tienen una sola escuela, ni hospital, ni infraestructura  social que los reciba en esa zona”.

El lunes ocurrió otro caso que ocasiona preocupación entre la gente a relocalizar del camino de sirga, es decir, los 35 metros de espacio público que hay a los dos lados de la costa, donde viven 2424 familias.

Una vez que la  Policía Metropolitana desalojara los departamentos del complejo habitacional construido por el IVC en Lafuente y Portela, Moreno inspeccionó el predio de la Metro donde habían llevado a todas las personas que aceptaron desalojar pacíficamente el edificio que tomaron en marzo, pudiendo constatar  que dentro del edificio tomado había 186 chicos menores de 18 años y 84 familias.

Ante la pregunta de a qué  lugar serían trasladados, el equipo del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de María Eugenia Vidal, contestó que “la única opción” eran los paradores de la Ciudad.

La situación derivó en la protesta de varios desplazados, porque sólo cinco familias pudieron continuar unidas en el Parador Costanera, el único destinado a albergar familias completas y que se encuentra, según el propio asesor tutelar en un  “cuadro de desidia” por parte de la autoridad competente.

Las otras restantes, es decir, 79 familias, fueron desmembradas para poder colocarlas en los pocos lugares disponibles de los otros paradores. El lugar que ocuparon hasta hace 48 horas, estaba destinado a las familias de “El Pueblito”, uno de los asentamientos ubicados al lado del Riachuelo que también será relocalizado. Es de esperar que la nueva audiencia traiga la relocalización definitiva y no que como hasta ahora el gobierno porteño trate de solucionarlo a través de subsidios, lo que viola completamente el fallo de la Corte.