El juez de Instrucción, Eliseo Otero, a cargo de la investigación por los tres asesinatos ocurridos en el desalojo del Parque Indoamericano de Villa Soldati: del paraguayo Bernardo Salgueiro, de 22 años, de la boliviana Rosemary Curapeña, de 28 (ocurridos la noche del martes 7 de diciembre), y la del boliviano Juan Castañeda Quispe, de 39 (asesinado el miércoles 8), obtuvo nuevos datos que vinculan a efectivos de la Policía Metropolitana en estas muertes.Por otra parte, la filmación realizada por la Federal, a través de una cámara que es llevada en una camioneta para controlar el operativo, muestra a cuatro agentes de la Metropolitana disparar sus escopetas al subir al puente.También el año pasado dos jóvenes: Adriana Lizarraga, de 20 años, y Leticia Provedo, de 21, murieron y otras 25 personas sufrieron heridas al caer un entrepiso de un salón de fiestas en Scalabrini Ortiz 1638 en el barrio de Palermo.Según informó el Gobierno porteño, en el momento del derrumbe había «unas 150 personas» en el boliche. El lugar estaba habilitado y había sido inspeccionado nueve veces en los últimos años, según el gobierno de la Ciudad. Cabe preguntarse si el entrepiso era de durloc, aluminio y madera por qué causa ninguna de las nueve inspecciones advirtió la precariedad del mismo.El accidente más grave de este tipo ocurrió también en el 2010 cuando se vino abajo la medianera de un gimnasio en el barrio de Villa Urquiza, episodio en el que murieron tres personas que entrenaban en el lugar: Luis Lu, que tenía 23 años, Maximiliano Salgado, de 18 años, y Guillermo Fede, de 37.Sus familiares dicen:»Acá hubo negligencia, esta tragedia se podría haber evitado, si se hubiera inspeccionado la obra lindera.En el área de salud, lamentablemente también se debe recordar las tres muertes de bebés en el Piñero, que se suman a las treinta ocurridas en el Argerich durante 2010, por virus intrahospitalarios que no hacen mas que confirmar la faltan enfermeros, insumos y control sobre la limpieza. Faltan turnos. Sobran pacientes. Un tema viejo que no encuentra solución. Y deja en evidencia un deficiente sistema de salud en la Ciudad de Buenos Aires. Pero hay otras muertes en la ciudad, como la de un obrero que en enero pasado murió atrapado en una zanja de una obra situada en Lacarra y Riestra, en Villa Soldati, o la del albañil que trabajaba en una obra en construcción en el barrio porteño de Mataderos y al que se le derrumbó una losa que los operarios habían encofrado pocas horas antes en una edificación autorizada hacía cuatro meses por el gobierno de la ciudad, pero que todavía no había sido controlada.La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) había denunciado la obra el 14 de abril ante la Dirección de Protección del Trabajo del gobierno porteño por incumplimiento en las medidas de seguridad e higiene. «Según el gremio de la construcción, “los organismos de inspección, por la cantidad y gravedad de los incumplimientos denunciados, debió haber realizado el control de manera inmediata y, eventualmente, haber clausurado la obra».La semana pasada, se produjo en el anfiteatro del Parque Centenario, en el barrio porteño de Caballito, La muerte de un hombre de 55 años durante un festival artístico de música uruguaya porque no había ambulancia ni personal sanitario mientras se desarrollan algunos espectáculos que organiza el gobierno porteño en instalaciones públicas, como en ese escenario al aire libre con capacidad para más de 1600 espectadores..Diego Rivarola, a cargo de la dirección general de música que depende de la Secretaría de Cultura que conduce Hernán Lombardi, se defendió con el argumento de que no existe legislación que los obligue a tener un servicio médico de emergencia, como reclaman los trabajadores de esa dependencia y el delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado, Roberto Traibel, quienes responsabilizan a los jerárquicos del incidente.Traibel, quien además es coordinador principal de escenarios, denunció que aun después de la tragedia de Cromañon, las condiciones que, tienen los recitales o shows son “espantosas”, en especial, cuando la organización se terceriza. También en la obra del Arroyo Maldonado, la gestión Macri debe contabilizar otra muerte. El 8 de abril pasado, el buzo Rodrigo Ojeda hacía tareas de reparación en la cabeza de la máquina tuneladora a 30 metros de profundidad hasta que comenzó a sentirse mal. En ese momento, buscó la cámara hiperbárica que se utiliza para equilibrar descompensaciones típicas del buceo y que por ley debía haber estado allí. Pero la cámara no estaba. Desesperado, Ojeda buscó la superficie a una velocidad que desencadenó una alteración dentro de su flujo sanguíneo por la diferencia de presión atmosférica que su corazón no aguantó y falleció de un paro cardiorrespiratorio. La muerte consta en un expediente tramitado en la División de Investigación Penal Administrativa (Dipa) que depende de la Prefectura Naval competente por jurisdicción y en el informe prehospitalario número 05940816 de la empresa de la ambulancia que concurrió en el momento de la tragedia. Esto fue silenciado por el Gobierno porteño y hasta hoy no había tenido difusión. La obra, según la norma que la reglamentó, debe contar con todos los recaudos que garanticen la vida de sus trabajadores, pero esto no sería así. Uno de los responsables de que se hagan las inspecciones para constatar que esté todo en orden es el director de obra Eduardo Samuel Cohen, quien además de la muerte de Ojeda convive con otra tragedia ya que como ex funcionario porteño durante la gestión Aníbal Ibarra como director general de Instalaciones Eléctricas de la Ciudad, fue interpelado en reiteradas oportunidades por desconocer las denuncias que los vecinos hicieron ante la Defensoría del Pueblo y otros organismos por deficiencias técnicas en el boliche bailable “El Reventón”. Cohen es ingeniero eléctrico, un título que no lo habilita para el puesto que ocupa en la obra del Maldonado ya que según el pliego de licitación aprobado por la Legislatura debe ser un ingeniero civil quien esté a cargo de la obra. Avanzando en el tiempo, los habitantes de la Villa 31 tuvieron que batir parches para que se terminen las muertes por falta de atención médica del SAME.»Tenemos enfermeras, médicos, una salita de primeros auxilios y hasta choferes», explicó Ruth Torrico, referente del barrio y esposa de Adam Ledesma, periodista que murió el año pasado luego de esperar cuatro horas que llegaran los médicos de urgencia.La historia de su marido se repite todos los días en el asentamiento ubicado en Retiro. La muerte mas reciente fue la de un hombre luego de que el SAME se negara a atenderlo.Finalmente la justicia tuvo que intervenir para que el gobierno porteño prometiera el ingreso de ambulancias y organizara su acompañamiento por personas que viven en la villa y personal policialEl Hospital Borda también tuvo su víctima, Franklin Guarachi falleció carbonizado en la sala de Terapia de Corto Plazo. Por su diagnóstico, “retraso mental con drogadependencia”, no tenía que estar allí sino en el servicio de adictos, cerrado días atrás por el ministro Lemus.Había llegado desde el Servicio Psiquiátrico Central de Varones, deambuló, sin contención alguna, por el segundo piso, entre las salas del Servicio 8 de Terapia de Corto Plazo. Su presencia pasó inadvertida dentro de la extensa lista de internos del instituto estatal psiquiátrico más grande de la Argentina. Pero salió del anonimato cuando el fuego desatado en el segundo piso del Borda y le quitó la vida. Según Néstor Barrientos, encargado del servicio de Vigilancia del Borda, y uno de los funcionarios que declaró, un día después del incendio, ante la Asesoría Tutelar de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 1 del Poder Judicial porteño, a cargo de Gustavo Moreno”, al principio, cuando empezó el incendio, nadie advirtió su ausencia. Comenzamos, junto con los enfermeros, a sacar a los pacientes ‘a pulmón’, y cuando llegaron los bomberos, descubrimos que había un cuerpo calcinado sobre un colchón”, El juez que intervino, es el mismo que integra una querella que lleva cuatro años en los tribunales de la Ciudad, por el pésimo estado de la infraestructura del hospital.La jefa del servicio 8, Lina Presa, reconoció que el hombre, de nacionalidad boliviana y 33 años de edad, había sido trasladado a “Terapia de Corto plazo por orden del Tribunal Criminal Oral Nº1”, pero que “no era un paciente para su servicio” y que había pedido su traslado a otra área”.El problema es que el servicio que podría haberlo recibido, destinado a atender a pacientes duales, no existe desde hace 15 días, fue cerrado por voluntad del ministro de Salud Jorge Lemus”, denuncia Moreno, mientras recuerda que “la Ley de Salud Mental de la Ciudad ordena la atención de las adicciones en el Borda, que ahora no atiende a los pacientes adictos como corresponde, porque sus autoridades los relocalizan en otros pabellones donde hay pacientes psiquiátricos y se olvidan que un paciente adicto no necesariamente tiene una patología psiquiátrica”.Durante esta semana dos hechos arrojaron nuevas fatalidades. El martes a raíz de un nuevo incendio, fallecieron dos pacientes de la Unidad Penitenciaria, anexa al Borda, dejando en evidencia el abandono que padece el centro psiquiátrico. Y por último, se sumó el miércoles una nueva víctima.
Graciela Muñiz, defensora adjunta del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, denunció ayer que la muerte de un hombre de 70 años mientras practicaba deportes en el Parque Sarmiento dejó en evidencia que no estaba el médico en el puesto fijo del SAME por hallarse de vacaciones.“Esto confirma que al gobierno de la Ciudad, a cargo de Mauricio Macri, no le interesa para nada la vida humana. Desde hace siete años advierto de la falta de servicio médico de urgencia en un parque tan concurrido como el Sarmiento. Hoy debemos lamentar una nueva muerte porque las autoridades del gobierno cerraron el puesto del SAME ante la imposibilidad de encontrar un remplazante del médico titular, que había solicitado licencia”, señaló la funcionaria.
Una mancha más en la gestión PRO.
