Según el escrito que presentó el Jefe de gobierno porteño ante el juzgado de Instrucción Criminal 49, subrogado por la jueza María Dolores de Pombo, se desligó por completo del diseño legal del organismo y dijo que desconocía las actividades de la unidad porque sus empleados reportaban a los directores del área y a Juan Pablo Piccardo, ex ministro de Ambiente y Espacio Público del gobierno PRO, quien por los dichos de su jefe político, quedó virtualmente al borde del procesamiento, junto a los otros 28 imputados por participar del organismo.  En medio de la  campaña electoral para conseguir su reelección, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri responsabilizó a todos sus subordinados por la creación de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), el organismo acusado de contar con una patota de empleados públicos que se dedicó a “identificar, perseguir, hostigar, golpear y desalojar” a las personas en situación de calle. Este miércoles, tal como reveló Tiempo Argentino, el jefe de gobierno cambió su estrategia judicial y dejó de eludir las convocatorias del juez Fernando Cubas. Al igual que en las otras tres audiencias, el titular del tribunal estaba de licencia y fue remplazado por Pombo, que recibió un extenso escrito de defensa.Luego de lo cual, Macri  aceptó enfrentar las preguntas de la magistrada. Según su descargo, insistió que el organismo “existía de antes” y que la estructura estaba definida por “cada ministro que le da la orgánica que le parece”. Las palabras de Macri dejaron a Piccardo como el responsable administrativo de las decisiones de la UCEP y también lo dejaron vinculado al nombramiento de la patota, ya que cuando fue consultado sobre los encargados de las designaciones, el alcalde contestó: “No conozco ese detalle.”En el momento de las consultas sobre las compras de 52 “chalecos antipunzantes”, que fueron realizadas por la cartera de Piccardo, Macri tampoco aportó detalles, pero no dejó dudas sobre su interés por desvincularse por completo de la causa en la que pidió su sobreseimiento. “No conozco esa compra, como otras que hace ese ministerio, yo me entero cuando se licita algo grande”, dijo el ex empresario luego de decir que desconocía por qué la UCEP funcionaba, en la mayoría de los casos, entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. “No lo sé, esas cosas las dispone el ministerio”, y si reconoció  que cuando estallaron las denuncias por los ataques, habló con Piccardo “y me dijo que había abierto un sumario para esclarecer estos hechos”. Sin embargo, cuando la jueza quiso saber por qué había disuelto el organismo, Macri explicó que lo hizo porque “cambió el ministro”, aunque nunca mencionó que le había pedido la renuncia y que luego de sacar a Piccardo de Ambiente y Espacio Público lo nombró presidente de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), donde continúa al frente de la empresa pública.Durante el interrogatorio, el Jefe de Gobierno porteño,  no se privó de reconocer que junto con la UCEP también “intervenía la policía, eventualmente la justicia y también el programa Buenos Aires Presente”, un organismo que existe hace más de una década para atender a las personas en situación de calle. Se sospecha que la UCEP utilizó las bases de datos del BAP para expulsar a las personas identificadas antes de que llegara la atención social.Durante la indagatoria, Macri tuvo que escuchar una serie de  pruebas y detalles sobre la existencia de un mecanismo dedicado a perseguir personas pobres, especialmente en plazas y bajo autopistas, datos que  provienen de la declaración de  Luis “Tano” Savoiardo, jefe de la patota y una de las personas que quedaron al borde del procesamiento luego de que Macri se desligara por completo de todas las acciones de la UCEP.