El candidato a la reelección como Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, se comprometió a que todos los parques y plazas porteños tengan cámaras de seguridad para junio de 2012, «en línea con la demanda de los vecinos de que los barrios sean lugares seguros y la gente esté más tranquila», según dijo. Además informó que el Gobierno porteño incorporó mil cámaras de seguridad en lugares estratégicos y que para fin de año colocará otras mil, muchas de las cuales son a pedido de los vecinos, a través de los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC). Las cámaras urbanas forman parte un sistema de observación activo, en tiempo real, cuya base está en el Centro de Monitoreo Urbano, que funciona en el Ministerio de Justicia y Seguridad. Ese sistema trabaja en forma integral con las cámaras instaladas tanto en los espacios públicos como en los patrulleros para dar una respuesta más rápida y efectiva frente a cualquier contingencia. El ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro firmó la resolución 314 del Boletín Oficial 3677 por la cual se establece en su anexo 1 un convenio con los canales de televisión para proporcionar imágenes en vivo provenientes del centro de monitoreo, siempre y cuando sean panorámicas. El convenio a firmar entre Montenegro y los canales de televisión permitiría la entrega de imágenes cuyo uso exclusivo de acuerdo a la Ley 2602 debe estar en manos de la autoridad de aplicación o cuando así correspondiera de la autoridad policial o judicial. Sin pérdida de tiempo, el ex diputado Pablo Failde, autor de la ley de control de videocámaras y miembro del Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, opinó: «Nadie puede dudar que el uso de este sistema opera como un elemento disuasorio y preventivo, facilita la investigación en muchos hechos de carácter delictivo y a la vez permite guiar a los lugares o zonas donde suceden los eventos tanto a los móviles policiales como a los de emergencias. Frente a tamaña intervención del estado y/o los estados es imprescindible implementar medidas que los regulen y/o los controlen; para que esas imágenes públicas no vulneren los derechos a la intimidad y privacidad de las personas, derechos inalienables expresados claramente en nuestra Constitución nacional». A lo que agregó: «El caso es que en nuestra ciudad esa regulación existe; la Ley 2602 aprobada por nuestra Legislatura en diciembre de 2007 y promulgada por Macri en enero del 2008, establece los límites y alcances del uso de videocámaras en el distrito. La norma fue pionera no sólo en la Ciudad sino en nuestro país, en la actualidad no tengo conocimiento que exista legislación similar». Failde sostuvo: «Básicamente plantea que ante los peligros y desafíos de una sociedad moderna se deben incorporar nuevas tecnologías que protejan al ciudadano. A su vez la ley busca garantizar los derechos a la intimidad y privacidad de las personas. Tensión permanente entre la necesidad de mayor seguridad y los derechos individuales». «En síntesis, la ley establece que se debe hacer un análisis para determinar los lugares donde se deben colocar las videocámaras, exige la colocación de carteles identificatorios, el personal que las opera debe mantener la confidencialidad, las imágenes se almacenan por tiempo limitado, solo pueden ser entregadas a la autoridad policial o judicial y deben ser destruidas a los 30 días hábiles». Para el ex legislador del Frente para la Victoria «en el caso que este convenio se llegue a concretar no cabe duda que estamos ante un hecho administrativo ilegal cuya figura podría devenir en una denuncia contra el Ministro por incumplimiento de los deberes de funcionario público. No se puede de ninguna manera justificar la entrega de las imágenes a los medios de comunicación argumentando sobre la base del derecho a la información y la libertad de expresión y citando como fuentes legales de estos, a la recientemente aprobada Ley Nacional 26522 de medios audiovisuales». Y agregó «El ministro desconoce de manera fragante la ley y sus alcances, ese desconocimiento a todas luces sospechoso solamente puede explicarse por el intento de congraciarse con algunos canales actuando como un productor calificado al entregar imágenes que son de uso exclusivo del estado a medios privados de comunicación. Es una actitud ilegal oportunista, fisgona e ilegal».