Los siete allanamientos que ordenó el juez federal Ariel Lijo en consultoras vinculadas al asesor de imagen del macrismo, Jaime Durán Barba, no sólo obligaron al  PRO a revisar sus próximos pasos de campaña, sino que también  generaron críticas en la Legislatura porteña, cuando falta una semana para la segunda vuelta del 31 de julio.Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gabinete, deberá explicar  por qué le  adjudicó a la empresa Connectic SRL un contrato por 1.334.000 pesos para poner en marcha, hace un año, un call center para realizar encuestas telefónicas, muy similares a las que formaron parte del cuestionario que recibieron miles de porteños antes de la primera vuelta electoral. Connectic SRL es una de las empresas allanadas por orden de Lijo. Tiene entre sus directivos a un socio de Rodrigo Lugones, director ejecutivo de la consultora Durán Barba & Asociados, y fue contratada el 15 de abril de 2010 a través de una resolución firmada por Rodríguez Larreta. Luego de los procedimientos, Rodríguez Larreta, en calidad de jefe de campaña del PRO, negó cualquier relación con la firma, pero el hallazgo de la resolución que firmó un año antes, lo desmintió por completo. No se trata de la única prueba en su contra. Dos semanas después de rubricar la resolución, tuvo que firmar una rectificación de la contratación por un error de forma. Otra razón que genera sospechas sobre las certezas del funcionario cuando dijo desconocer por completo la existencia de esa consultora. La firma de Rodríguez Larreta en dos resoluciones que benefician a Connectic SRL un año antes del escándalo por la campaña sucia alertaron a legisladores, especialmente sobre una duda que es la de saber quién le pagó a Connectic los servicios para realizar la campaña sucia, se preguntan dentro de Perú 130. Ante la evidencia de la contratación firmada en 2010 por el jefe de los ministros del PRO, se está suponiendo que los  servicios hubieran sido pagados con fondos del gobierno porteño, una sospecha que también sostuvo el Tribunal Superior de Justicia porteño con la firma de los jueces Luis Lozano, José Casas y Ana María Conde, que habilitaron la competencia del fuero penal y contravencional porque “la supuesta encuesta pudo haber sido contratada por el gobierno de la Ciudad”. Para Gonzalo Ruanova, de Nuevo Encuentro y uno de los que presentará el pedido de informes, “es importante que Larreta explique por qué pagó esa operación y que nos envíe los resultados del trabajo que se realizó por ese monto, especialmente porque debemos saber cuál fue la contraprestación por ese pago”. Desde el Bloque de Proyecto Sur, el diputado Fabio Basteiro anunció  que el caso de la campaña sucia será debatido en el plenario que esa agrupación realizará para definir las posiciones que tomarán para la segunda vuelta. Sin embargo, consideró que, “si se confirma el delito, se trata de un panorama de vinculaciones del macrismo con empresas privadas que existe desde 2007”. Y afirmó: “Lo denunciamos hace poco, cuando la justicia ordenó levantar cuatro spots estatales porque violaban la veda electoral.” El legislador Juan Pablo Arenaza Por la Coalición Cívica, con buena llegada con el macrismo, se pronunció en contra “de cualquier campaña sucia”, pero advirtió que “si se descubre que la maniobra fue pagada con fondos públicos, cabría una doble sanción, porque el macrismo critica al gobierno nacional, pero jamás puso en marcha una oficina anticorrupción para evitar estos casos. El ex jefe de gobierno y actual legislador Aníbal Ibarra consideró, igual que Basteiro, que la maniobra “puso en evidencia los negocios turbios del macrismo” porque Macri “usa esa estructura para pagarle los favores al ecuatoriano”, acusó, luego de recordar que la misma empresa recibió un subsidio no reembolsable cercano a los 100 mil pesos. Desde el PRO, los asesores de la comunicación recomiendan el silencio total, pero Macri dijo que el caso era “medio surrealista” y sostuvo que “los K son los reyes de la campaña sucia”.